Cuando hace casi 10 años el Gobierno se alistaba para debutar en los mercados internacionales en busca de recursos, uno de los principales argumentos a los que se acudía para incursionar en esta nueva modalidad de endeudamiento (emisión de bonos soberanos en el exterior) consistía en establecer un costo referencial con el cual pudieran salir también las empresas a captar fondos.
La intención era poner a Paraguay en el mapa de opciones de los inversionistas foráneos y se aprovechó la “buena letra” que se venía cumpliendo con años sucesivos de superávit fiscal y reducción de los niveles de deuda pública respecto al producto interno bruto (PIB).
Los resultados de esta y las siguientes salidas son alabados por analistas locales y son utilizados frecuentemente por las autoridades para regodearse de orgullo, por las menores tasas de interés que se van obteniendo con cada emisión y la extensión de plazos para el pago de las obligaciones asumidas. Este logro en el posicionamiento internacional es inclusive asumido como un consuelo por parte del actual ministro de Hacienda, Benigno López, pues en su momento destacó que a Paraguay se lo ve mejor fuera del territorio nacional que desde la óptica de sus habitantes.
Hoy en día, el panorama para la incursión del país en los mercados externos adquiere nuevos elementos. Con el Fisco limitado por la ley que topea hasta en 1,5% del PIB al déficit que pueden tener las cuentas públicas cada año, las obras de infraestructura aparecen como el siguiente precursor de la fama internacional de Paraguay en cuanto a su capacidad y calidad de endeudamiento. Esta actividad es observada como aquella que cuenta con mayor potencial de incursión en el terreno internacional, debido a las cuantiosas necesidades del país en materia de infraestructura pública, calculadas en alrededor de USD 25.000 millones (poco más de la mitad del PIB).
En este escenario, la construcción de la reputación es un desafío acuciante tanto para el Gobierno como para las empresas constructoras, pues así como Hacienda se valió de la estabilidad macroeconómica para transmitir una imagen positiva, el sector de obras públicas y su entidad conductora (el MOPC) deben convencer a los inversionistas de que el dinero que destinen a los proyectos generará los resultados prometidos.
Esta tarea se torna particularmente difícil al hacer un recorrido por la mala fama que a pulso se fueron ganando las obras de infraestructura. Antecedentes como el fracaso del Metrobús, las fallas de la ruta Transchaco (cuya reconstrucción demandará un gasto de USD 600 millones), el superviaducto de Madame Lynch (que se inunda con cada lluvia) y el reciente desmoronamiento de parte de la estructura de la avenida Costanera Norte (a menos de dos años de haber sido inaugurada) confeccionan un historial nefasto que debe ser borrado y superado, si deseamos seguir transmitiendo confianza y lograr que desde afuera se apueste por el país.
