“¡Somos la Cámara de la dilación!”, exclamó el diputado Sebastián Villarejo, del Partido Patria Querida, en la sesión del martes de la Cámara Baja, cuando la mayoría de los legisladores decidieron aplazar por ocho días la designación de nuevos fiscales acusadores para proseguir con el juicio político a los ministros de la Corte Suprema de Justicia Sindulfo Blanco y César Garay Zuccolillo, como al contralor general de la República, Enrique García.
Villarejo, al igual que otros diputados como el colorado Ramón Romero Roa, la liberal Celeste Amarilla y la encuentrista Kattya González, intentaron infructuosamente convencer a sus colegas de que no se aplace la designación de los fiscales, porque eso sería dar otra mala señal ante la población. “La ciudadanía está interpretando que esta es la Cámara de la dilación, acá hay un problema y nosotros dilatamos, postergamos la pérdida de investidura, postergamos la intervención (a la Municipalidad de Ciudad del Este) y ahora postergamos el juicio político”, exhortó Villarejo, pero sus argumentos no convencieron a la mayoría.
La versión del legislador, sin embargo, refleja fielmente la imagen que la mayoría de los senadores y diputados proyectan ante la ciudadanía en estos temas. El Senado ha venido dilatando el caso del juicio político a los ministros de la Corte desde el 2014 y ahora que el tema pasó a Diputados, en vez de imprimirle un pronto trámite, nuevamente incurren en la misma decisión de seguir aplazando la acción. Incluso, el líder de la bancada cartista en la Cámara Baja, Basilio Niñez, propuso que el aplazamiento sea “sine die” (por tiempo indeterminado).
La postergación del juicio político ante varias irregularidades de las que se acusa a los ministros de la Corte, incluyendo supuestos hechos de corrupción, ya había favorecido al ministro Óscar Bajac, quien se salvó de ser enjuiciado al cumplir los 75 años antes de que se decida la acción y pudo retirarse con honores, beneficiándose de una jugosa jubilación.
Similar situación de demora se ha sentido también en el sonado caso del empresario brasileño prófugo Darío Messer, acusado de millonaria evasión, lavado de dinero y delitos conexos en el Brasil, a quien el anterior presidente Horacio Cartes consideraba “hermano del alma”. Los diputados tardaron tres meses en nombrar a sus representantes para una comisión bicameral que debe investigar el tema.
Esta dilación, que también afecta a otras cuestiones urgentes reclamadas por la ciudadanía, como el pedido de intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este ante varios indicios de iregularidades de los que se acusa a la intendenta Sandra McLeod y a su marido, el senador Javier Zacarías Irún y a otros integrantes del clan familiar, parecen demostrar una vez más que, en lugar de representar los intereses del pueblo, la mayoría de los legisladores aparecen como cómplices de las autoridades acusadas y cuestionadas, favoreciendo a la impunidad, antes que a la transparencia y a la justicia.