Esta semana fue una buena noticia que el INTN haya encontrado estaciones de servicio que no proveen la cantidad de combustible que debieran, en contra de la economía del cliente. Este ejemplo es solo uno, otro es la carga de combustible de mala calidad e inclusive con agua.
En las redes sociales abundan las denuncias ciudadanas sobre el mal comportamiento de las empresas telefónicas con sus servicios de telefonía celular, cable o internet. Otros casos son el cobro de comisiones que no han sido debidamente transparentadas en el acceso a un crédito o en el uso de tarjetas de crédito, la asimetría de información en la cobertura de seguros médicos o de vehículos, la información incompleta en las etiquetas de alimentos o la certificación de títulos universitarios.
Estos problemas, además de afectar el bolsillo de los consumidores, pueden tener efectos en ámbitos más complejos como el de la salud. Es el caso particular de los alimentos o de la existencia de recursos humanos habilitados para ejercer un oficio o profesión en una universidad que no había sido autorizada. La ausencia de regulación y de control estatal constituyen un grave déficit en el rol del Estado. Paraguay cuenta con instituciones para cumplir con esta función indelegable.
El INTN es una de ellas, pero también se encuentran las oficinas de defensa del consumidor, los organismos que tienen que supervisar el cumplimiento de las normas de las empresas privadas que ofrecen servicios de interés público, como la provisión de servicios de alimentación, salud, educación, créditos, seguros o comunicación. Muchos ministerios tienen entre sus obligaciones alguna relativa a estos aspectos, además de otras entidades estatales cuya creación obedece casi en forma exclusiva al rol regulador, por eso son llamados entes reguladores.
Si bien en muchos casos existen diseños institucionales que involucran conflictos de intereses porque son a la vez prestadores de servicios, reguladores y supervisores, estos organismos debieran ser fortalecidos y la ciudadanía debiera ser concientizada al respecto.El Estado debe generar conciencia ciudadana sobre la defensa de sus derechos como consumidores y de las instancias que existen si sienten que estos son violados. En lugar de utilizar dinero público para hacer propaganda de obras públicas, el Gobierno debería utilizar estos fondos para difundir la existencia de estas oficinas y los mecanismos para hacer efectivos los derechos.
El efecto positivo no solo será en los consumidores que se verán protegidos y satisfechos, sino también en la legitimidad del Gobierno y del aparato estatal gracias a su contribución al cumplimiento de las normas y de los contratos.
