La acción fue planteada por la abogada Gessy Ruiz Díaz, en contra de la resolución del 27 de mayo del 2023, del juez Julián López, y las resoluciones del 7 y 16 de junio pasados, del Tribunal de Alzada, que ratificaron el fallo.
La defensa sostiene que se violó el derecho a la defensa, los derechos procesales, tales como la presunción de inocencia, que no se le condene sin juicio previo, y que no se le opongan pruebas ilegales.
Además, apunta que se viola el artículo 19, que habla de que la prisión debe ser dictada solo cuando fuese indispensable; y el 256 de la Ley Suprema, sobre que las sentencias deben estar fundadas en la Constitución y la ley.
Alega que pidió revisar la prisión porque no existían peligro de fuga ni obstrucción de las investigaciones. Esto, porque desaparecieron los motivos alegados por el juez para su prisión.
Remarca que las resoluciones son inconstitucionales, ya que se basan en circunstancias que no fueron probadas en un debido proceso. Con ello, afirma que el fallo es arbitrario.
Dice incluso que los camaristas también aplicaron normas que nada tenían que ver con la petición de la defensa.
Remarcan que incurrieron en fundamentos distorsionados o equivocados, para justificar una supuesta alta pena, en concurso, por lo que llegan a una conclusión desacertada.
Al final, piden que se haga lugar a las medidas cautelares, a más de oportunamente, hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad.
En el caso, Cubas fue imputado por presuntos hechos de perturbación a la paz pública, amenaza de hechos punibles, tentativa de impedimento de las elecciones, tentativa de coacción a órganos constitucionales y resistencia.
Está preso desde el 5 de mayo pasado, cuando lo detuvo la Policía.
