Los fiscales Silvio Corbeta, Yeimy Adle Monges y María Verónica Valdez, todos de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), imputaron por supuesta lesión de confianza al ex intendente Miguel Prieto y a otras 10 personas, entre ellas el diputado Walter García.
El juez Humberto Otazú admitió la imputación, a excepción del diputado, cuyos antecedentes debe trasladar a la Cámara Baja para que se estudie su desafuero y pueda ser procesado por la Justicia.
De acuerdo con la investigación, Prieto habría ocasionado un perjuicio a la Municipalidad de Ciudad del Este por un valor aproximado de G. 757 millones. Este monto es la diferencia detectada entre lo pagado por el Consejo Local de Salud y lo que efectivamente ejecutaron las empresas Servmaq y M&M Constructora por obras realizadas dentro del Hospital Regional de Ciudad del Este.
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El ex jefe comunal habría ordenado las transferencias al Consejo Local de Salud, un órgano reconocido como entidad sin fines de lucro integrado por el diputado Walter García y otros coimputados.
El Consejo Local habría destinado a inversión física los aportes recibidos del Municipio, principalmente a la realización de reiteradas refacciones en el mismo lugar, en cortos periodos de tiempo entre una y otra obra, así como remodelaciones de diferentes áreas médicas, la construcción del pabellón de UTI y la remodelación de los pabellones de Nefrología y Traumatología, entre otros, dentro del Hospital Regional de Ciudad del Este.
Los fiscales encontraron que las transferencias de dinero se realizaron sin designar un fiscalizador de obras, sin dictámenes pertinentes que garantizaran la efectiva ejecución de los trabajos y otros mecanismos previos.
