El lunes último, el fiscal Karim Khan solicitó órdenes de detención contra los dirigentes israelíes y contra tres líderes de Hamás por sospechas de crímenes de guerra y crímenes contra la Humanidad en la Franja de Gaza.
Khan imputó al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y al ministro israelí e Defensa, Yoav Gallant, delitos como “matar deliberadamente de hambre a civiles”, “homicidio intencionado” y “exterminio y/o asesinato”.
Los cargos imputados a los líderes de Hamás –el líder de Hamás en Gaza, Yaha Sinwar; el líder político del grupo, Ismael Haniyeh, y el estratega militar de Hamás, Mohammed Deif– incluyen “exterminio”, “violación y otros actos de violencia sexual” y “toma de rehenes como crimen de guerra” en Israel y Gaza.
PRÓXIMOS PASOS. A partir de ahora, un equipo de tres jueces deberán decidir si las pruebas presentadas son válidas para emitir las órdenes de detención.
No hay ningún plazo para que este equipo tome una decisión, pero, en general, el proceso suele durar por lo menos un mes, aunque podría llevar más tiempo, pues se trata de un caso altamente sensible.
Iva Vukusic, profesora auxiliar de Historia Internacional en la Universidad de Utrecht, en Países Bajos, señaló que las acusaciones formuladas se basan en “motivos razonables”, algo, según ella, “bastante flojo”.
“Espero absolutamente que el fiscal supere este escollo. Ellos no son tontos”, dijo a la AFP.
“Seguro que han preparado su caso a prueba de balas porque si no sería una vergüenza para la Fiscalía”, agregó.
CONSECUENCIAS. El Tribunal no tiene ninguna policía propia que garantice la aplicación de sus órdenes de arresto, y depende de que los Estados miembros de la CPI las acaten.
Los 124 Estados miembros de la CPI están técnicamente obligados a cumplir con las órdenes de arresto si las personas afectadas viajan a sus territorios.
Esto podría complicarle los viajes a Netanyau y a Gallant, aunque el principal aliado de Israel, Estados Unidos, no es miembro de la CPI, por lo que no estaría obligado a arrestarlos.
El paradero de Sinwar y de Deif se desconoce, pero es poco probable que viajen al extranjero. Haniyeh está en el exilio y vive entre Turquía y Catar, dos países que tampoco forman parte de la CPI.
Con todo, los Estados no siempre acatan las órdenes de arresto emitidas por la CPI.
OTROS CASOS. El ex dirigente sudanés Omar al Bashir ha logrado viajar a varios países miembros de la CPI, como Sudáfrica y Jordania, a pesar de que existe una orden de detención contra él.
El presidente ruso Vladimir Putin también es objeto de un mandato de arresto de la CPI y aún así ha viajado al extranjero, por ejemplo a Kirguistán, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, aunque se trata de países que no forman parte de la CPI.
Sin embargo, Putin eludió una reunión de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica) en Sudáfrica, que podría haber aplicado la orden.
Según Vukusic, si Netanyahu o Gallant fueran a alguno de los países de la Unión Europea, la situación sería delicada “porque están obligados a arrestarlos”.
Varios dirigentes políticos y militares han sido juzgados por crímenes de guerra y por crímenes contra la Humanidad.
La CPI condenó en 2012 a Charles Taylor, ex jefe de guerra liberiano, convertido en presidente, por crímenes de guerra y crímenes contra la Humanidad.
El ex presidente serbio Slobodan Milosevic murió en su celda, en La Haya, en 2006, mientras era juzgado por genocidio por el tribunal creado para la ex Yugoslavia.
El ex dirigente serbio de Bosnia Radovan Karadzic fue capturado en 2008 y declarado culpable de genocidio por ese mismo Tribunal. Su jefe militar, Ratko Mladic, fue detenido en 2011 y condenado a cadena perpetua.
“El proceso judicial es largo y cosas que hoy no son posibles sí que podrían serlo en un futuro”, subrayó Vukusic.
La CPI no puede juzgar a los sospechosos en ausencia pero puede hacer avanzar el caso.
Esto fue así en el caso del ugandés Joseph Kony, fundador de la brutal rebelión ugandesa del Ejército de Resistencia del Señor (LRA, por sus siglas en inglés), huido de la justicia desde hace casi 20 años.
En marzo, la CPI, creada en 2002 para juzgar las peores atrocidades cometidas en el mundo, anunció que en octubre celebraría una audiencia clave en ausencia del acusado, si este no hubiera aparecido antes, por primera vez en la historia del Tribunal.
