La Corte Suprema de Justicia resolvió rechazar la acción de inconstitucionalidad promovida por la ex senadora Kattya Mabel González Villanueva, ratificando su pérdida de investidura y remoción del cargo.
El Máximo Tribunal validó la resolución de la Cámara Alta, argumentando en mayoría que el procedimiento se ajustó a los parámetros constitucionales. La accionante había cuestionado la inaplicación del reglamento interno (Resolución 429/2023) que exigía mayoría calificada y plazos específicos para su defensa. Sin embargo, la mayoría de los magistrados concluyó que dicho reglamento no se encontraba vigente el día de la sesión.
La Corte votó de la siguiente manera:
• Dr. Alberto Martínez Simón: Votó por rechazar la acción, indicando que el reglamento invocado no estaba vigente y correspondía aplicar la mayoría simple prevista en la Constitución.
• Dra. María Carolina Llanes: Votó por rechazar la acción, sosteniendo que el reglamento cobraba vigencia recién al día siguiente de su aprobación, lo que legitimó el actuar de la Cámara.
• Dr. Luis María Benítez Riera: Votó por rechazar la acción, adhiriéndose íntegramente a los fundamentos jurídicos del Dr. Martínez Simón.
• Dr. Miguel Ángel Rodas Ruiz Díaz: Votó por rechazar la acción por resultar improcedente formalmente, al no haberse agotado las vías administrativas previas.
• Dr. César Diesel Junghanns: Acompañó la decisión mayoritaria que resolvió rechazar la acción de inconstitucionalidad.
• Dr. Esteban Kriskovich de Vargas: Votó por hacer lugar a la acción, concluyendo que la destitución padeció de arbitrariedad e incompatibilidad con el ordenamiento constitucional.
• Dr. Gustavo E. Santander Dans: Votó por hacer lugar a la acción y anular la resolución, denunciando la vulneración de los derechos políticos de representación de la senadora.
• Dr. Víctor Ríos Ojeda: Integró la minoría que votó a favor de la accionante para hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad.
• Dr. Manuel Ramírez Candia: Votó por hacer lugar a la acción, afirmando que el proceso sancionador violó abiertamente el derecho a la defensa de la ex legisladora.
El rechazo de la acción de Kattya González consolida la postura de la CSJ respecto a la expulsión de legisladores, asimilándose de manera directa a las resoluciones dictadas en 2021 en los casos de los ex senadores Víctor Bogado y Dionisio Amarilla. En dichas sentencias (Acuerdos y Sentencias N° 383 y N° 387), la Sala Constitucional de la Corte Suprema también resolvió rechazar las acciones de inconstitucionalidad promovidas contra sus respectivas pérdidas de investidura dictadas por la Honorable Cámara de Senadores.
La constante en los tres casos radica en el reconocimiento por parte de la justicia ordinaria del fuero y la autonomía parlamentaria: La CSJ históricamente opta por no intervenir ni revertir la voluntad del órgano legislativo cuando se trata de la aplicación de sanciones por uso indebido de influencias. No obstante, la gran diferencia es política y estructural, mientras que en los fallos contra Bogado y Amarilla el rechazo se caracterizó por contar con amplio consenso en la Corte Suprema, sin mayores debates de forma, el caso de González expuso a una Corte profundamente dividida. Cuatro de los magistrados argumentaron que el incumplimiento del debido proceso cruzó los límites de la discrecionalidad política, evidenciando que, aunque el resultado de expulsión fue el mismo, las posturas de los ministros en este último escenario resultaron sumamente polarizadas frente al actuar de la mayoría parlamentaria.
