Con la visita de las autoridades de la Corte Suprema de Justicia, la Comisión Bicameral de Presupuesto inició ayer la segunda sesión informativa de la semana, en el marco del estudio del proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para el 2019.
El titular de la máxima instancia judicial, Raúl Torres Kirmser, inició su alocución recordando a los parlamentarios la autarquía presupuestaria de la que goza el Poder Judicial vía Constitución Nacional, por lo que insistió en respetar su estimación de gastos y su autonomía, lo que garantizará eficiencia y rapidez en la ejecución de sus recursos.
Tras presentar los fundamentos de las asignaciones de sus fondos y sus planes estratégicos en materia judicial y de infraestructura, pidió a los legisladores incorporar un aumento de G. 159.296 millones (USD 27 millones al cambio actual) con respecto a su presupuesto vigente para un incremento salarial del 20%, que es reclamado por gremios de magistrados, actuarios, ujieres, funcionarios registrales y administrativos.
Esta solicitud, que se basa en el pedido hecho días atrás por la coordinadora de sindicatos del sector público ante la Presidencia de la República, alcanzaría a 12.241 personas. La justificación de la Corte es que estos funcionarios no tienen mejoras en sus remuneraciones desde el 2012.
Además de esto, el consejero de Administración de la Corte, Roberto Torres, pidió a la Bicameral no tocar las asignaciones presupuestarias para seguro médico (G. 680.000 por funcionario), y las bonificaciones por grado académico y por antigüedad. Explicó que estos beneficios garantizan una cobertura integral de salud, incentivan la capacitación y promueven la estabilidad.
El plan de gastos total de esta institución para el 2019 alcanza los G. 1,6 billones, lo que representa un aumento de G. 283.955 millones con respecto a este año. Sin embargo, la variación para cubrir el crecimiento en su presupuesto se da solo con los recursos del Tesoro (cobro de impuestos), no así con los fondos propios (generados por cada entidad).
Sin recursos. El Ministerio de Hacienda rechazó de manera contundente el pedido de aumento salarial del 20% para todos los funcionarios públicos solicitado la semana pasada por la Coordinadora de Gremios de Funcionarios Públicos y Entes Descentralizados ante la Presidencia.
El titular del Fisco, Benigno López, explicó que un incremento de este tipo impactaría en USD 600 millones en el presupuesto, lo que consideró como una bomba de tiempo, debido a que ese mismo monto totaliza el déficit fiscal proyectado para el próximo año.
Remarcó que no existen los recursos para financiar la suba solicitada, por lo que, en caso de concretarse, para poder costearla necesariamente se deberán recortar los fondos en otras áreas, lo que podría afectar a salud, educación, inversión en obras o seguridad.
