Mirtha Morínigo, directora jurídica del Poder Judicial, solicitará a la Sala Constitucional esclarecer el alcance de la resolución firmada por los ministros Miryam Peña, Antonio Fretes y Gladys Bareiro, donde se establecía la suspensión del artículo 2 de la Ley 5033, informó el periodista de Última Hora Raúl Ramírez.
Dicho artículo establece la obligatoriedad de la presentación de las declaraciones juradas de bienes y rentas por parte de los funcionarios públicos, por lo que la medida cautelar beneficiaba a todos los funcionarios del órgano judicial.
“Hubo un error material porque eso es más bien un fundamento antes que una impugnación. Voy a pedir una aclaratoria excluyendo de la medida cautelar el artículo segundo”, señaló Morínigo.
La resolución fue presentada por Morínigo y abarca los artículos 1, 2, 3, 4, 6, 11, 16, 17, 18 y 25 de la mencionada legislación.
El ministro de la Corte Miguel Óscar Bajac, en contacto con radio Monumental, aclaró que desde su ingreso como magistrado electoral de Concepción brinda sus declaraciones juradas a la Contraloría y que, de ser necesario, volverá a presentarlas.
Lo que dice la Ley 5033
En su artículo 1, la Ley 5033 refiere que “A los efectos de la ley, se entenderá como funcionario público a toda persona nombrada, contratada o electa por elección popular para servicios en los poderes del Estado”.
Consiguientemente, en el artículo 2 establece que “las personas señaladas en el artículo precedente prestarán declaraciones de bienes y rentas, activos y pasivos a la Contraloría General de la República dentro de los 15 días de tomar posesión de su cargo y en igual término al cesar el mismo”.
