Editorial

La clase política debe aprender del caso del contralor destituido

La renuncia obligada del contralor Enrique García ante la inminencia de ser destituido en un juicio político en el Senado debe servir de lección para los legisladores y los dirigentes de partidos, en el sentido de que la ciudadanía ya no está dispuesta a tolerar que se siga nombrando a personajes con dudosos antecedentes al frente de instituciones tan importantes para el desarrollo de la democracia. Ya había ocurrido lo mismo con el anterior contralor, Óscar Rubén Velázquez, acusado de graves hechos de corrupción tras una investigación periodística de este diario, quien también se vio forzado a renunciar al percibir que iba a ser destituido. Sin embargo, los políticos y gobernantes no aprendieron la lección y volvieron a repetir el mismo esquema, priorizando los intereses sectoriales y particulares, antes que los de la población. Todo tiene un límite.

Como si fueran las escenas de una película repetida, los detalles de la renuncia del contralor Enrique García ante la inminencia de su destitución en el juicio político que se desarrolló el miércoles en el Senado, resultaron muy similares a los de su antecesor, Óscar Rubén Velázquez, quien en agosto de 2015 también se vio obligado a renunciar al cargo, al darse cuenta de que iba a ser echado por mayoría de votos, también en otro juicio político por denuncias de corrupción.

Las graves faltas de Velázquez habían saltado a la luz en una serie de reportajes de investigación que este diario empezó a publicar en mayo de 2015, revelando el caso de Liz Paola Duarte, la secretaria privada del contralor, quien llegaba a cobrar hasta 37 millones de guaraníes al mes, y aunque los demás funcionarios aseguraban que no concurría habitualmente al lugar de trabajo, en los registros figuraba que ella trabajaba hasta 27 horas en un mismo día.

Las publicaciones despertaron la indignación ciudadana y obligaron a que Velázquez y la subcontralora Nancy Torreblanca, además de soportar procesos de investigación fiscal y judicial, sean sometidos a juicio político. A pesar de que varios legisladores intentaron protegerlo, el escándalo obligó a que finalmente se decida su destitución. Al verse acorralado, el contralor presentó su renuncia antes de la votación final. Lo mismo hizo luego la subcontralora Torreblanca.

A pesar de este episodio –que fue señalado como la primera vez que una denuncia periodística llevó a un funcionario a juicio político–, la situación volvió a repetirse cuatro años después con el siguiente contralor, Enrique García, también denunciado en publicaciones periodísticas y repudiado en movilizaciones ciudadanas, que motivó que también fuera sometido a juicio político en el Senado.

Aunque hasta último momento se especuló que varios legisladores, principalmente del sector liberal llanista, tratarían de salvarlo a cambio de favorecer con la impunidad a administraciones municipales gestionadas por el sector político, finalmente la presión ciudadana hizo que sea inminente su destitución. Al igual que en el caso de su antecesor Velázquez, el contralor Enrique García decidió presentar su renuncia al cargo minutos antes de que se lleve a cabo la votación final.

La lógica indica que los políticos y gobernantes tendrían que haber aprendido del caso anterior y no volver a repetir el mismo esquema, nombrando en cargos tan importantes para la construcción de la democracia a personas idóneas y capaces, pero no fue así. Una vez más se dejó que los intereses sectoriales y particulares se impongan por encima de los de la población.

Es de esperar que ante esta nueva situación vivida el miércoles en el Congreso Nacional, la clase política finalmente aprenda la lección y tenga más cuidado en sus próximas acciones, para no seguir dando la espalda a una población que anhela una sociedad más democrática y transparente. De lo contrario, la indignación ciudadana seguirá expresándose. Todo tiene un límite.

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