Se trata del llamado con ID 432979 denominado; “Construcción de regularización asfáltica, cunetas, badenes y remoción con reposición de empedrado”, lote uno, que tiene un monto de G. 2.711.471.250.
“Agotadas las instancias administrativas en la DNCP y si la Municipalidad hubiere hecho caso omiso a dispuesto, se debe iniciar una investigación en la que se podría declarar la irregularidad de la contratación y la remisión a la Contraloría y a la Junta Municipal de los antecedentes si fuese el caso”, respondieron desde la DNCP sobre esta licitación.
Contexto. El 7 de noviembre, la Municipalidad de Lambaré adjudicó a la Empresa TP-1 SRL, representado por Daisy Mabel Barquinero Agüero, según contrato de la Intendencia municipal Nº 59/23.
El 1 de noviembre, la DNCP había comunicado a la UOC del municipio de varias irregularidades sobre la carga de datos en el sistema de contrataciones públicas, ya que sobrepasaron los 40 días para la adjudicación.
Según la ley 2051/2003, artículo 28 reza cuanto sigue; “La convocante dará a conocer la adjudicación de la licitación en acto público, dentro de un plazo que no deberá exceder de veinte días calendario desde la fecha de apertura de ofertas, pudiendo diferirlo hasta por otros veinte días calendario”.
La fecha de apertura de las ofertas fue el día viernes 15 de setiembre de 2023 según acta de apertura y la adjudicación, la cual comunicaron a la DNCP fue en fecha 1 de noviembre, lo que representa un total de 52 días calendarios transgrediendo la Ley 2051.
Irregularidades. El 15 de diciembre, Rosa Agustín González Dans, intendente municipal de Lambaré, procede al pago de G. 794.721.250 con orden de pago número 58.383, con número de cheque; 82179628110739 a favor de la empresa TP-1 SRL.
La DNCP solicita la suspensión o nulidad del llamado en fecha 20 de noviembre. Luego, el 28 de diciembre, el intendente vuelve a autorizar se proceda al segundo pago por el monto de G. 1.916.750.000, con número de orden de pago 58.450, con número de cheque; 82179628110749, pagando así la totalidad del llamado adjudicado por la firma que era la suma de G. 2.711.471.250, a pesar de que el llamado se encontraba impugnado a la espera de una resolución final y cierre de oficio por parte de Contrataciones Públicas.
