–¿Cómo ve el panorama actual de la situación en el campo respecto a las comunidades campesinas e indígenas y su realidad?
–El sector campesino, hoy en día ya está definido como un sujeto de beneficencia, o sea, de recibir ayuda social, ya no es considerado un sector productivo por el Estado y cuando desde el Ministerio de Agricultura se habla de asistencia, plantean tractores, pero si no tienen tierras esto de nada sirve. Esto se usa también como muletilla y forma de captar votos, en las municipales del interior, entonces, desde este modelo, el sector campesino está sentenciado, y en un país de base agraria tiene muchas derivaciones.
–¿Cuáles son esas derivaciones?
–El último censo nos permite comparar cómo estamos del 2008, y hay una disminución preocupante de la cantidad de explotaciones campesinas, del tamaño de las explotaciones campesinas y de la casi desaparición de la juventud en el campo. Eso significa muchas cosas, que ahora dependemos de alimentos importados, que se duplican de año en año en valor y volumen. Nosotros dependemos así del mercado argentino, de sus inflaciones, y eso tiene incidencia en nuestra canasta familiar, no podemos controlar la producción y ya no tenemos soberanía alimentaria, ya no dependemos de nosotros para alimentar a nuestra población.
–¿Cómo ve las políticas del Gobierno, en este sentido?
–Y bueno, nuestros decisores no ven esto con preocupación, ellos están enamorados del agronegocio, de la soja, solamente ven las exportaciones que podemos producir, y eso es importante, pero qué incidencia tiene internamente, y qué llega a la población.
–¿Cómo impacta esto en la gente y su día a día?
–Nuestro sistema estadístico es muy frágil, entonces teníamos siete millones, después cinco, y ahora subimos otra vez un poco, o sea, cuando nos hablan de niveles de pobreza estancada, en realidad, está creciendo... no tengo certeza del método que utilizan, pero sí yo veo que crece el cinturón de pobreza en el ámbito urbano, ciudades como Coronel Oviedo, Caaguazú, Ciudad del Este; en fin, grandes ciudades.
–¿Cómo, usted, califica este fenómeno?
–Se puede decir que es un fenómeno normal o universal, el de achicamiento del sector campesino, pero eso se dio en sociedades que tienen un desarrollo urbano industrial, es decir, alguna posibilidad de absorber la mano de obra que migra del campo, pero acá no se integran al mundo urbano, y los jóvenes ya vemos cómo terminan, con desarraigo, pierden mecanismos de control y relaciones sociales anteriores, y se encuentran en un ambiente hostil, en guerra con los linces, etc, lo que digo es que tiene varias derivaciones esta expulsión descontrolada. Para peor, plantean como solución la creación de más cárceles, y yo no sé si con eso solucionamos el problema.
–¿Cómo se puede plantear un crecimiento socialmente más sostenible?
–Y claro que tenemos que crecer, pero para quiénes, a dónde van las rentas, cómo se redistribuyen, eso es lo que interesa. Pero acá no tenemos un proceso de redistribución porque acá está prohibido hablar de impuestos. Paraguay, según la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), es el país que menos impuestos cobra, y ahora nos estamos abriendo en inversiones que son muy altas en tecnología, pero muy bajas en mano de obra (por las criptominerías).
–¿Qué riesgos corremos con este modelo?
–Y se debe ver cómo estas empresas van a usar la energía, porque si vamos a subsidiar a estos grandes inversores corremos el riesgo de quedarnos por debajo del costo de producción, entonces ¿cuál es el negocio ahí? El eterno extractivismo de los recursos naturales no da más, los suelos no dan para más, ya están estancados los rendimientos, la frontera agrícola por el lado de la soja no puede crecer, y eso lo vimos los últimos cinco o seis años. Ahora plantean el eucalipto con alta mecanización, y esas son las ilusiones de aumentar el PIB (producto interno bruto), y lo que a nosotros nos interesa es la calidad de vida de la población, no la oferta de usen y abusen del país y la gente.
–Esa frase es del discurso de Cartes, ¿usted, ve que eso sigue con Peña?
–Eso sigue, y se profundiza, tienen en su mente esa idea de que el PIB tiene que crecer a como dé lugar, olvidando crear bienes y servicios y la distribución de esos recursos.
–¿El Partido Colorado abandonó su discurso agrarista en el proceso o nunca existió realmente?
–Eso nos lleva a un terreno mucho más complicado, pero bueno, resulta que nosotros (el Estado paraguayo) vendíamos la tierra después de la Guerra (contra la Triple Alianza) por leguas cuadradas (1 legua equivale a 2.330 hectáreas) para que no se le ocurriera luego a los paraguayos comprar tierra... Mucho después se le vendía al paraguayo una hectárea, con una discriminación absurda. Después se fue adoptando el lenguaje del pynandy, bajo un nacionalismo ultraconsevador, y ahí apareció un programa de Alfredo Stroessner de aprovechar las tierras disponibles cuando se fueron los obrajes que les ofrecimos, usaron y abusaron, llevaron todo, estamos hablando del enclave forestal, yerbatero, taninero, y Stroessner compró a G. 4 la hectárea, según decía (Juan Manuel) Frutos (ex titular del IBR), porque la tierra ya no les servía a las empresas.
–¿Cómo siguió eso?
–Ahí hubo un pequeño respiro, se entregaron parcelas, primero de 20 hectáreas, luego de 10, así finalmente bajando, y después viene la alianza con el enclave brasileño es una alianza electoral económica, y es una alianza perversa, así es como yo lo veo, es mi punto de vista. Entonces, la situación es complicada, porque naturalmente queremos que los brasileros se integren a nuestra sociedad, pero no que vengan a urgarnos, a discriminarnos en nuestro propio país, es algo que veo como único. Siempre fuimos discriminados en el exterior, la ultraderecha en Europa triunfa para discriminar al migrante, pero acá somos discriminados en nuestro propio país.
–¿Cómo jugó el Estado en esta situación?
–La visión del Estado y el gobierno es que el trabajador y productor es el extranjero, mientras que el paraguayo con frecuencia es estigmatizado de no querer trabajar, y allí se los desaloja... y en el caso de los indígenas es más extremo, y nos preocupamos porque cierran calles, pero eso va aumentar si siguen los desalojos violentos e ilegales, con colusión de organismos del Estado, y ahí está la Dirección de Registros Públicos, Catastro, el Indi, Indert, la Justicia, la Policía, la Fiscalía, que en vez de defender los intereses sociales defienden al que tiene plata. Las políticas públicas del Estado paraguayo están condenando al campesinado a su desaparición.
–¿Y desde el enfoque de modelo de producción cómo afecta esta postura del Estado?
–Por ejemplo, cuando hablamos del IPTA (Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria) tiene todo su campo de experimentación para la soja y el maíz transgénico, que mata a la semilla nativa por contaminación genética, eso es lo que estamos atendiendo en políticas públicas. También hay ingenuidad de los legisladores que hablan de la ley que protege y promueve la agricultura campesina, pero ellos mismos le dan dinero para estos programas.
–¿El Estado paraguayo nunca pudo variar esta política de privilegio a un sector y de dar migajas al campesinado?
–No solamente migajas, sino dando también mucha represión a los focos de resistencia y focos críticos. Nosotros tuvimos problemas en el Conacyt (Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología) porque nos querían prohibir hablar de ciertos temas, estaban vedados, solamente teníamos que hablar del progreso, la exportación, las bondades de la soja, y no hablar de problemas de contaminación o salud pública que es central para nosotros, las tasas de cáncer y desorden neurológico crecen exponencialmente, y de eso nosotros no podíamos hablar. Eso se cambió un poco, pero seguimos viviendo en un Estado capturado por estos grupos económicos a los que se suman grupos irregulares (la narcomafia) que compran muchas cosas, generan miedo e inseguridad. El Estado debe replantearse sus políticas que no son las adecuadas, porque no solamente el PIB mide el crecimiento de la población.
–¿Es clave una política de distribución de tierras?
–Si hablamos de producción agraria, sin tierra no se puede hablar de eso, tomando solamente las explotaciones de 1.000 hectáreas y más, y afectando solamente al 10%, tenemos ya 350.000 hectáreas que claramente se pueden reasignar al sector campesino, y tiene que entender el sector que tiene mil hectáreas y más que es para bien de ellos, porque se llenan de guardias. Necesitamos un sector empresarial que se compatibilice con el sector campesino e indígena.
–¿Cómo ve el financiamiento desde el agronegocio a las campañas políticas?
–El agronegocio mete dinero y el sector sojero brasileño mete dinero y votos, porque siempre reciben preferencias, pero también está el dinero sucio que compra a los tontos, y hace que se deteriore la representación política. Corre el dinero de estos sectores económicos con una propuesta excluyente, pero sobre todo el dinero sucio del narcotráfico, del contrabando, lo que vemos todos los días... Y cuando hablan senadores salen a proteger a involucrados (caso Erico Galeano) diciendo que no pueden ser tocados, pero a las posturas críticas las echan afuera, con procedimientos totalmente ilegales (caso Kattya González).
–¿El modelo del stronismo se mantuvo en estos años?
–Podemos hablar de esto con mayores libertades, pero el stronismo se fortaleció, el stronismo ya fue narcotráfico, el número uno del Ejército era el jefe de la conexión latina... El fantasma del stronismo no es algo del pasado, nos acecha y se fortalece... El nivel de censura en el debate hoy es peor que en el stronismo, ya ni permiten hablar, y el que dice lo que no gusta, es expulsado.
