El gremio médico está movilizado por el caso que involucra a dos médicas que fueron condenadas por mala praxis en las tres instancias jurisdiccionales.
La sentencia involucra a las ciudadanas Sofía Oviedo de Caballero y Olga Cañete, quienes tras un juicio oral y público fueron condenadas a 3 años y 6 meses de penitenciaría, al declarárselas responsables de la muerte de la paciente Mercedes Romelia Páez de Segovia.
El emblemático caso produjo la sentencia en tres instancias, ya que la Cámara de Apelaciones, primero, y la Corte Suprema de Justicia después, confirmaron el fallo de primera instancia.
Diversas organizaciones gremiales se expresaron a favor de las profesionales de la salud, no solamente rechazando la sentencia, sino organizando incluso manifestaciones públicas para oponerse a la resolución judicial. En ese sentido, mañana en Ciudad del Este anuncian una huelga, y en Asunción habrá movilizaciones.
Ni los médicos ni los integrantes de ninguna otra profesión, sea ella la que fuere, gozan de fueros que los ampare a la hora de rendir cuentas ante la Justicia por los actos efectuados en el ejercicio de sus respectivas actividades laborales. Este es un principio esencial para toda sociedad que aspire vivir apegada a las nomas que no son sino reglas de convivencia en el marco de un tácito pacto social.
En el caso de las doctoras anteriormente citadas, las pruebas en su contra han sido debidamente expuestas en los juicios que han sobrellevado. Y en el momento procesal correspondiente se hicieron los reclamos que hoy aparecen o han sido desestimados.
La Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay (AMJP) se ha manifestado a favor del estricto cumplimiento del fallo.
“La AMJP rechaza la idea de que los médicos u otras profesiones se encuentren al margen de la ley y en tal carácter no deben acatamiento a las resoluciones judiciales. Privilegios de semejante naturaleza serían absolutamente intolerables en un Estado democrático y republicano, en el cual el Poder Judicial tiene el deber de reprimir los delitos con absoluta independencia de quienes sean sus protagonistas o autores”, señala parte del documento emitido por la citada asociación
Por lo demás, la salud, según lo consagra nuestra propia Constitución, es protegida y promovida como “derecho fundamental de la persona humana”, constituyendo la vida el bien jurídico más preciado de aquellos que tutela la ley.
Por tanto, quienes hayan atentado contra ella de manera activa, pasiva o por mala praxis, deben responder por sus actos, sin posibilidad de evasión alguna, ante la sociedad que es representada por los órganos judiciales.
Actualmente, la situación navega en los cauces naturales y legales. Y debe seguir en ese camino. De lo contrario, el reclamo puede derivar en la perversión del corporativismo médico.
Ello no solo daña a la profesión médica en sí, sino a toda la sociedad, pues la confianza, basada en la honestidad y la idoneidad, es el pilar sobre el que debe eregirse la delicada actividad médica.