La Justicia de Estados Unidos ordenó este martes el decomiso del avión venezolano-iraní, varado en el aeropuerto internacional de Ezeiza, Buenos Aires, Argentina, desde el pasado 6 de junio, ya que se presume que sería un bien obtenido de modo ilegal, ya que fue comprado por la empresa venezolana Emtrasur, violando las leyes norteamericanas, según revela el portal argentino Infobae.
Una semana atrás, el gobierno estadounidense solicitó la extinción de dominio del Boeing 747-300, matrícula YV-3531, lo que le permitiría tomar posesión de la aeronave. La medida fue emanada por la Corte de Columbia, aunque aún no habría llegado una notificación oficial a la Justicia argentina, según el medio del vecino país.
En agosto último, un juez de Columbia, EEUU, ordenó el decomiso de la polémica aeronave y su registro, para obtener pruebas. En tanto, el juez federal argentino Federico Villena aprobó la solicitud y le encomendó la tarea a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y al FBI.
El pasado 14 de octubre, Villena ya había autorizado la salida de Argentina de los últimos cinco tripulantes del avión venezolano-iraní retenido bajo investigación judicial por posibles vínculos con el terrorismo internacional.
El magistrado consideró que no existió evidencia suficiente para procesar a los tripulantes del avión de Emtrasur por el delito de financiación de actividades terroristas.
Fueron beneficiados con esta medida el piloto Gholamreza Ghasemi, el capitán de vuelo Abdolbaset Mohammadi, el ingeniero de refuerzo Saeid Valizadeh y los ejecutivos de la empresa venezolana Víctor Manuel Perez y Mario Arraga Urdaneta.
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Estos cinco tripulantes eran los últimos de una lista de 19 personas —5 iraníes y 14 venezolanos— que el 6 de junio pasado ingresaron a Argentina en la aeronave Boeing 747-300 de matrícula YV3531.
La primera docena de liberados llegó a Venezuela el 16 de septiembre y dos más el pasado día 30 en medio de peticiones para que el resto pudiera salir de Argentina.
El avión perteneció a la empresa iraní Mahan Air y actualmente está en manos de Emtrasur, filial del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa), ambas sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
