Según el dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la documentación presentada no guarda coherencia con los montos informados como ejecutados. Además, se cuestionó la falta de respuesta oportuna por parte del Ejecutivo a requerimientos establecidos en la Ley Orgánica Municipal.
Los miembros de la referida comisión recomendaron el rechazo, luego de informar que, durante el análisis, se solicitó al Ejecutivo local extractos bancarios, arqueo de caja al 31 de diciembre de 2024, informes sobre ingresos tributarios y transferencias del Gobierno Central, nómina de jornaleros con registros biométricos, uso de combustibles con órdenes de trabajo, y reportes sobre aportes y obras financiadas con royalties y subsidios municipales.
El balance general reporta un activo de G. 3.496.825.000, de los cuales G. 1.028.004.892 están distribuidos en cuentas del BNF.
No obstante, la cuenta de Alimentación Escolar desaparece del cuadro bancario pese a mostrar, hasta el 23 de diciembre, un saldo de G. 34.599.623, según extractos, refiere la resolución del legislativo comunal.
Con relación a servicios personales, las Municipalidades no podrán gastar el 60% de su ingreso corriente ejecutado, pero la Intendencia no respetó el tope legal, según el informe.
En cuanto al uso de combustibles, la Junta consideró excesivos los montos, dado el tamaño del parque automotor municipal y el hecho de que el servicio de recolección de residuos está tercerizado.
Se presupuestaron G. 427.568.360 y se pagaron G. 380.958.947, quedando pendientes G. 44.206.688. Sin embargo, no se presentaron documentos respaldatorios, solo planillas.
Se registraron aportes de recursos propios por transferencias a entidades educativas por G. 77.447.000, y de ingresos por juegos de azar G. 111.727.775, sin especificar las instituciones beneficiadas, refiere en otra parte.
En subsidios y asistencia social, reportaron G. 115.373.803, pero el 70% carece de documentos que identifiquen a los beneficiarios, algunos de los cuales incluso pertenecerían a otros municipios.
En cuanto a royalties, se reportó un aporte de G. 630.494.000, pero los extractos bancarios reflejan solo G. 409.615.000, con una diferencia de G. 220.879.000. La Comisión recomendó al intendente observar dicha discrepancia.
En control de asistencia del personal, solo el 45% de los funcionarios registran entrada y salida, mientras que el 55% restante carecen de controles, incluso comisionados sin informes de registro, lo que constituye una falta grave en la gestión administrativa.
Con estos antecedentes, la Junta resolvió rechazar la rendición y devolverla al intendente con las observaciones correspondientes. Báez dispone de un plazo de 30 días para aclarar las inconsistencias y remitir nuevamente el informe a la Junta Municipal.
