En un escrito de 15 páginas, al que tuvo acceso EFE, el abogado de Iglesias, José Antonio Choclán, considera que los tribunales españoles “carecen (y por extensión la Fiscalía de la Audiencia Nacional) de Jurisdicción para la averiguación del hecho denunciado”.
Su justificación apunta al hecho de que las denunciantes no son de nacionalidad española ni son menores de edad y que el cantante tiene residencia habitual en República Dominicana, donde supuestamente se produjeron los hechos.
Considera que, en todo caso, la denuncia debería haber sido interpuesta en República Dominicana, motivo por el que la Fiscalía “debe declarar, sin más trámite, la falta de jurisdicción española para el conocimiento de los hechos denunciados, archivando de forma inmediata las Diligencias de Investigación preprocesal incoadas y detener la campaña mediática que se ha puesto en marcha, con grave daño reputacional”.
“Qué duda cabe que denunciar en España, como se acredita con el impacto mediático utilizado por las supuestas víctimas, les resulta más favorable a sus intereses que denunciar el hecho en el lugar de su supuesta comisión”, critica el letrado, que apunta a que la organización que presentó la denuncia en nombre de las víctimas, Women’s Link, “ha publicado que se ha elegido España para asegurarse una mayor eficacia en la investigación”.
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Para Choclán “no cabe que la Fiscalía española se atribuya el poder unilateral de convertirse en un Fiscal Universal, tampoco los tribunales españoles, ni que a la víctima se le otorgue un derecho de opción sobre la Jurisdicción que le resulte más conveniente”.
El abogado también reclama que se le permita personarse en la investigación de la Fiscalía para tener acceso directo al contenido de la denuncia y así poder ejercer su defensa en las diligencias que se practiquen, como sería la declaración de las denunciantes, “que según se publica, no sabemos si es cierto, tiene decidido la Fiscalía”.
De este modo, añade, se podría acreditar “la falsedad de las imputaciones y defender el honor de mi representado” frente “al ejercicio abusivo de acciones penales y agresivas campañas mediáticas que le conducen a una irremediable pena natural, al margen del proceso”.
Choclán lamenta que su cliente sea conocedor de los hechos que se le atribuyen a través de la información que las denunciantes realicen en los medios de comunicación, que se hicieron eco de la investigación publicada en eDiario.es (España) y en el canal estadounidense Univisión.
Unas publicaciones que provocaron un “perjuicio reputacional” al cantante, destaca el letrado.
También considera que no se puede invocar “la necesidad de la reserva de la información en protección de una supuesta víctima” ya que éstas participaron “voluntariamente en la difusión pública de la denuncia”, por lo que “cualquier pretensión de protección, frente al investigado, incluso a nivel general, debe decaer”.
A su juicio, “parece evidente que aquél contra el que se dirige la denuncia debe tener la posibilidad de intervenir en el procedimiento, ya en la propia fase de diligencias de investigación de la Fiscalía, y no remitirle a que la información la vaya obteniendo a través de los medios de comunicación”.
Los hechos denunciados afectan a una exempleada del hogar del cantante y a una fisioterapeuta, que aportaron documentos laborales, fotografías, grabaciones, mensajes de WhatsApp y registros de llamadas para demostrar la veracidad de sus acusaciones, que incluyen agresiones sexuales, vejaciones y humillaciones laborales sistemáticas.
Acusaciones negadas por Iglesias, que publicó un comunicado en su perfil de Instagram asegurando que nunca “ha abusado, coaccionado o faltado al respeto a ninguna mujer”. EFE
