Durante este jueves se vieron concentraciones en varios municipios de la provincia y cortes en las carreteras, con ‘liberaciones’ periódicas en las que se permite el paso a los vehículos, en coincidencia con un paro prolongado de docentes y otros funcionarios, que exigen mejoras salariales desde hace tres semanas.
En una de las provincias argentinas con mayor porcentaje de población indígena, las comunidades originarias se sienten perjudicadas por la enmienda oficializada este miércoles, porque, dicen, limita sus derechos sobre las tierras que habitan desde hace generaciones.
En las últimas horas, miles de personas de varios colectivos se manifestaron con antorchas por el centro de San Salvador, a donde llegaron desde otros puntos el colectivo de mineros del Aguilar y grupos de gauchos en reclamo por la derogación de la reforma o, en su defecto, la dimisión de Morales, a quien llamaban con insistencia “gato” (ladrón) y dictador.
También pedían justicia por la represión policial de la noche del martes, cuando se registraron más de 170 heridos –algunos de gravedad– y unos 70 detenidos, de los cuales una veintena fueron puestos en libertad con cargos.
En medio de denuncias de “infiltrados violentos”, el secretario adjunto del sindicato de funcionarios municipales (SEOM), Santiago Saillent, aseguraba en las últimas horas que no se sentarán a negociar hasta que se libere a todos los detenidos y mostraba su rechazo a lo que llama una estrategia de violencia policial premeditada.
“Jujuy es un laboratorio social: tienes una población muy reducida, pero muy politizada, lo que permite ensayar técnicas de represión que más tarde se replican en el resto del país”, apunta, al tiempo que denuncia maniobras “al borde del terrorismo de Estado”, como la inhibición de señal de teléfono y la intervención de celulares (móviles).
“MARIONETAS”. Desde la oposición al Gobierno nacional (peronista) y en apoyo a Morales, los precandidatos presidenciales Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta (centroderecha) apuntaron a la activista Milagro Sala, actualmente en prisión domiciliaria como autora, entre 2003 y 2015, de delitos de asociación ilícita, fraude y extorsión, como líder encubierta de las protestas.
Sin embargo, el miembro del sindicato de docentes de la educación secundaria y superior (CeDEMS), Mariano Ortiz, reconoce el enfado que generan estas declaraciones ante una “genuina” lucha sindical: “Es mentira que acá vienen operadores de la Tupac Amaru (organización barrial), del kirchnerismo y de La Cámpora a manejarnos como se está diciendo: no somos marionetas, este es un reclamo que salió de las bases. El sindicato no responde a intereses partidistas”.
En Jujuy hay 400 comunidades originarias que habitan, desde hace generaciones, unas tierras consideradas ‘inalienables’ por la Constitución. Durante los últimos años, la administración ha cerrado tratos con empresas extranjeras para explotar las reservas de litio que yacen bajo territorio jujeño.
