Este jueves entra en la recta final el juicio oral y público sobre supuestos hechos de coacción y amenaza al periodista Pablo Gastón Ortiz, de Villarrica, que sería un atentado contra la libertad de prensa en esa zona del país.
El español Álex Castro García está bajo la lupa de la Justicia, acusado por hechos de coacción y amenaza con el supuesto fin de tratar de evitar publicaciones en su contra.
El juicio arrancó el lunes 24 de julio pasado en Villarrica y continúa este jueves con los alegatos finales. El tribunal está conformado por los jueces Porfirio Martínez (presidente), Julio Alfonzo Vera y Víctor Ortigoza.
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Pablo Ortiz, jefe de prensa de Canal 8 de Villarrica, sostuvo que espera una condena que se convierta en un precedente en contra de los ataques a la libertad de prensa.
Sin tener en cuenta los juicios sobre asesinatos a periodistas, este es el primer caso de un amedrentamiento que busca limitar la labor de un trabajador de prensa que llega a la instancia de juicio oral y público.
De acuerdo con la acusación, en julio del año 2022, Gastón Ortiz fue amenazado de muerte en una entrevista presencial, en una cafetería céntrica de Villarrica.
El español Álex Castro le pidió que deje de publicar en el canal de televisión por cable en donde trabaja temas relacionados con él de forma crítica. Y como el periodista se negó, lo amenazó, sostiene la Fiscalía.
Igualmente, los amedrentamientos siguieron a través de terceros, colegas del comunicador que le hacían llegar las amenazas contra su vida, contó la víctima en juicio. Y hasta se filtró un audio en donde se le escucha al español decir que pagó G. 7 millones para asesinar al periodista y a la fiscala que interinó inicialmente esta investigación, Sussy Riquelme.
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Castro se presentó como un concejal del Ayuntamiento de Mollet del Vallès, en España, y como nexo de un grupo empresarial que supuestamente iba a donar G. 6.000 millones al Municipio guaireño para reconstruir la Terminal de Ómnibus de la ciudad.
Sin embargo, de acuerdo con las publicaciones periodísticas de Gastón Ortiz, el hombre mintió porque no es concejal y, además, el comunicador cuestionaba que no haya presentado ninguna acreditación o documento relacionado con este supuesto grupo de empresarios o la donación. Se sospechaba de alguna estafa y meses después el español fue denunciado por estafa e imputado en una investigación abierta que está a cargo de la fiscala de Villarrica, Noelia Soto.
Para el Ministerio Público, la conducta se encuentra en el tipo penal de coacción, ya que el periodista Gastón Ortiz, si bien cuenta con cobertura policial, decidió dejar de indagar y publicar sobre el ciudadano español por el temor a que él o su familia sean víctimas de un ataque, explicó la fiscala acusadora, Sonia Sanguinés.
En tanto que la defensa técnica de Alex Castro sostiene que la conducta descripta en la acusación se encuadra en una amenaza simple, que es un delito de acción penal privada y en donde el Tribunal de Sentencia no tiene competencia para juzgar, explicó uno de sus abogados, Jesús González.
La causa fue llevada adelante por la Fiscalía de Derechos Humanos de Asunción, siguiendo el protocolo de la Mesa de Protección a Periodistas, integrada por gremios de periodistas, Fiscalía, Poder Judicial, Policía y Ministerio del Interior.
