Dentro del marco del juicio oral por un caso de supuestos hechos de tortura, la defensa de los acusados presentó los alegatos finales y solicitó la absolución, alegando que la Fiscalía no puede probar los hechos, por los cuales fueron denunciados.
Están en la mira los comisarios de la época stronista Eusebio Torres Romero, Manuel Crescencio Alcaraz y Fortunato Lorenzo Laspina.
El Tribunal, integrado por Fabián Escobar, Carlos Hermosilla y Juan Pablo Mendoza, dispuso un receso y el juicio proseguirá el próximo lunes 12, a las 09:30.
Cabe recordar que desde la Fiscalía se había solicitado en jornadas anteriores la aplicación de una pena privativa de libertad de 30 años para Laspina y Torres. Este último ya cuenta con una condena firme. En cuanto a Alcaraz, la pena que se solicitó fue de 25 años de prisión.
El caso está a cargo de la agente fiscal Sonia Sanguinés, quien está al frente de la Unidad Especializada de Derechos Humanos del Ministerio Público.
PEDIDO DE APOYO. Casi a finales del 2025, un grupo de víctimas de la dictadura de Alfredo Stroessner habían convocado a una conferencia de prensa pidiendo el acompañamiento de lo que consideran un juicio histórico, con relación a los acusados de ser torturadores.
Tanto Torres, como Laspina y Alcaraz están en la mira por crímenes de tortura cometidos durante la dictadura, delitos que constituyen crímenes de lesa humanidad, los cuales ni prescriben ni admiten dilaciones.
La convocatoria había surgido a partir del pronunciamiento público difundido por Teresita López Bosio, quien cuestionó el proceso judicial.
“Asistí durante más de tres meses a lo que nos fue presentado como un juicio oral y público. Entramos a esa sala con el cuerpo marcado por la tortura y con la esperanza, siempre frágil, de que esta vez la Justicia no nos soltará la mano”, consideró.
“Hoy sé que no es un juicio verdadero: es una puesta en escena, un falso juicio, sin destino de sentencia, cuidadosamente sostenido para simular justicia mientras se la posterga en los pasillos del poder”, expresó el comunicado de López Bosio.
Agregó que Torres, Laspina y Alcaraz no son juzgados en igualdad de condiciones con sus víctimas.
“Ya en la primera o segunda sesión, sus defensas habían sembrado la trampa: un recurso de inconstitucionalidad que pretendía “negar la tortura” porque ocurrió en los años 70, antes de que la Constitución de 1992 la nombrara. Como si el dolor necesitara fecha de vigencia. Como si la carne torturada dependiera de un artículo constitucional para ser reconocida como humana”, lamentó.
Resaltó que los jueces del tribunal rechazaron correctamente ese pedido de nulidad. “Reconocieron lo que el mundo ya sabía desde 1949: que Paraguay había ratificado la Carta de los Derechos Humanos y las múltiples declaraciones que condenaban los tratos crueles, inhumanos y degradantes como crímenes de lesa humanidad”, dijo.
Sostuvo que hasta ahí creyeron nuevamente, pero indicó que la verdad estaba siendo retenida en silencio, ya que el recurso de nulidad no desapareció, sino fue elevado a una instancia superior, y hoy “duerme en manos de la Corte Suprema de Justicia, en los despachos de los ministros César Manuel Diesel, Víctor Ríos y César Antonio Garay”, según expresó.
