23 abr. 2026

Políticos condenados en medio de maniobras dilatorias, cuestiona Roa

La lentitud de la Justicia y las maniobras dilatorias generan sensación de impunidad, reclama la abogada y activista. Refiere que el caso de Erico Galeano es una prueba de fuego para la Justicia.

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Esther Roa

Gentileza Pulso Politico

La corrupción política sigue siendo una de las principales preocupaciones ciudadanas en Paraguay, considera la abogada y activista Esther Roa. A lo largo de los últimos años, numerosos escándalos que involucraron a autoridades, ex ministros, legisladores y altos funcionarios terminaron convertidos en extensos expedientes judiciales, acotó.

De acuerdo con informes y análisis de organizaciones civiles, al menos 15 casos emblemáticos de corrupción pública permanecen estancados en la Justicia paraguaya, atrapados entre apelaciones, incidentes procesales, recusaciones y una interminable cadena de recursos legales que dilatan los procesos.

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Este fenómeno no responde únicamente a la complejidad de los casos, sino también a una práctica recurrente conocida como “chicana judicial”, mediante la cual las defensas presentan recursos sucesivos para extender los procesos durante años, muchas veces hasta alcanzar la prescripción o la extinción de las causas, refiere Roa.

Demora e impunidad. Entre los expedientes que han marcado la agenda pública se encuentran escándalos relacionados con millonarias compras públicas irregulares, contratos cuestionados durante la pandemia y presuntos esquemas de corrupción en instituciones estatales (Ver info).

Casos como los de los tapabocas de oro, que involucró a la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), o la polémica compra de agua tónica anti-Covid-19 por Petropar, son algunos ejemplos que generaron indignación social y que aún enfrentan procesos judiciales prolongados, recordó Roa.

Otros expedientes también han quedado atrapados en un laberinto judicial. Uno ellos es el del ex gobernador Óscar Venancio Núñez, cuyo proceso por lesión de confianza se inició hace más de una década y todavía sigue pendiente de resolución definitiva.

Las cifras reflejan esta realidad, en Paraguay se han abierto miles de procesos por corrupción pública en los últimos años, pero solo una pequeña fracción termina con condenas firmes, lo que alimenta la percepción de debilidad institucional frente a los delitos de cuello blanco, sentencia la activista.

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