El juicio oral y público por presunta lesión de confianza grave contra los ex gobernadores Óscar Venancio Ñoño Núñez y Emigdio Osvaldo Benítez Ortiz está por cumplir 11 meses, contando desde su inicio el pasado 6 de febrero.
Al hermano del senador cartista Basilio Bachi Núñez y su sucesor se los acusó por el presunto daño patrimonial de más de G. 73.000 millones de los recursos de la Gobernación de Presidente Hayes.
Para el fiscal del caso, Luis Said, se aplica en este caso la modalidad agravante en el hecho punible de lesión de confianza por una particularidad: el Ministerio Público pudo demostrar que el dinero se destinó para uso personal de los seis acusados.
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“No se encontró siquiera registro de bienes y servicios de la Gobernación a partir de la utilización de esos recursos. Aquí tenemos la particularidad de que sí se puede alegar que el dinero fue a parar a los funcionarios públicos para su uso personal, causando daños a la Gobernación”, dijo a Monumental 1080 AM.
Los otros acusados son dos secretarios administrativos y de finanzas, una funcionaria jurídica y una persona que no tenía ningún vínculo con la Gobernación de Presidente Hayes.
Ñoño Núñez también fue acusado por uso de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio.
El caso comenzó tras un informe de la Contraloría General de la República (CGR) sobre el programa denominado Una computadora por niño, donde hubo “hallazgos puntuales en relación con un eventual daño al patrimonio y se encontró un perjuicio de más o menos G. 300 millones (2008-2013)”, señaló el fiscal.
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En el caso se halló además que una empresa usó facturas falsas para justificar 20 órdenes de pago y se llegaron a remitir más de 3.000 cheques, detalló Said.
A su criterio, en el juicio pudieron comprobar las conductas de cada uno de los acusados y debe servir como ejemplo ante la serie de chicanas que se presentaron desde el 2015.
En algún momento del proceso la causa fue derivada a Pozo Colorado “por las sendas acusaciones contra fiscales y jueces”, señaló el investigador del caso e indicó que en ese lugar fueron realizados dos audiencias preliminares
Incluso, de acuerdo con Said, el caso pasó por “todos los jueces de Villa Hayes”.
“Es importante que esto sirva como ejemplo. Creo que nos encontramos ante un Tribunal muy serio, uno de los más importantes de la República. Ojalá que se respete el trabajo de cada uno y esperamos que la postura fiscal sea asumida también por el tribunal”, manifestó.
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El juicio fue realizado luego de unas 33 suspensiones de audiencias preliminares desde el 2015, lo que lo colocó en el foco de la indignación ciudadana, en tanto no se observaron sanciones por los excesos de la defensa.
Este jueves continúa el proceso con los alegatos finales de las defensas y antes de que termine el 2023, se podría tener la resolución del caso.
El Ministerio Público solicitó la pena de 15 años de prisión para Ñoño Núñez y 14 años para Benítez Ortiz.
