El abogado Jimmy Alberto Páez Giret, bajo patrocinio de su colega Eitel Krohn, querelló a 59 personas. Entre los ministros figuran Alicia Pucheta, Luis María Benítez, Sindulfo Blanco, Antonio Fretes y José Torres Kirmser, a más del fiscal general, Javier Díaz Verón.
Entre los camaristas están Pedro Mayor, Gustavo Ocampos, Bibiana Benítez, Delio Vera, Cristóbal Sánchez, Arnulfo Arias, Alberto Martínez, Víctor Caballero, Santiago Brizuela, Ramón Insfrán, María Eugenia Giménez, Sonia Deleón, Mirta González, Elodia Almirón, Silvia Centurión y Arnaldo Lévera.
Entre los jueces, Karen González, Rubén Riquelme, Gustavo Amarilla, Héctor Capurro, Agustín Cáceres, Tania Irún, Rocío González, Mafalta Cámeron, Walter Mendoza, Enrique Sanabria, Daniel Ocampos, Alexis Vallejos, Sonia Sánchez e Yngrid Yambay.
Los fiscales adjuntos querellados son María T. Aguirre, Patricio Gaona, Roberto Zacarías, Rocío Cantero, Federico Espinoza y María S. Machuca.
También figuran los fiscales Augusto Salas, Édgar Sánchez, María E. González, Nidia Fernández, Mirtha Ortiz, Manuel Doldán, Susy Riquelme, Ángel Ramírez, Alcides Corvalán, José Morínigo, Aldo Cantero, Irma Llano e Itálico Rienzi.
A esto se suma la secretaría general del Ministerio Público, Sandra Mayeregger, y los abogados Beatriz Sanabria, Angelina Luna y José Domingo Almada.
En su relato, cita diversos casos judiciales que le fueron desfavorables, y en donde dice que los querellados le desprestigiaron profesionalmente con sus clientes por las resoluciones que tomaron.
La jueza entiende que la misma Carta Magna dice que los magistrados no pueden ser acusados o interrogados judicialmente por las opiniones emitidas, por lo que rechaza la querella planteada por los citados delitos.
