El juez de Ejecución de Misiones Derlis Rojas se constituirá el martes de la próxima semana en la casa de Gregorio Papo Morales, ubicada en Asunción, para dar trámite a un pedido de tutela jurisdiccional presentado el 16 de setiembre pasado por su defensa, informó el periodista de Última Hora Raúl Ramírez.
La solicitud se hizo en el marco de la causa por homicidio doloso, cuya expectativa de pena es de cinco a 20 años de cárcel. El joven Robert Fabián Marín Caballero (23) fue la víctima del hecho que se registró el 23 de noviembre de 2020.
Morales actualmente se encuentra recluido por ello en la Penitenciaría Regional de Misiones y pide el arresto domiciliario por razones de salud. Tres años antes se le diagnosticó párkinson, cuando afrontaba otro caso por adulteraciones de cheques del MEC y del MAG.
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La fiscala de Ejecución de Misiones, Rommy Riveros, se allanó al pedido de tutela jurisdiccional en una audiencia desarrollada un día antes de la petición al magistrado local.
La abogada querellante Edelira Álvarez se opuso, pero el juez Derlis Rojas aún no resolvió.
Como Papo Morales está recluido en Misiones, su defensa planteó dicho recurso en la zona y pidió el arresto domiciliario, ya que en la misma causa en Asunción, a cargo de la jueza de Garantías Cynthia Lovera, se ratificó su prisión preventiva.
La defensa del encausado recusó a la magistrada, pero en julio de este año fue confirmada en la causa tras una ratificación del Tribunal de Apelación en lo Penal.
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Además, la jueza lo declaró litigante de mala fe y, a la vez, le aplicó la sanción de 80 días multa, que equivalen a la suma de G. 6.404.080, por dilatar la causa. Suspendió 14 veces la audiencia preliminar, donde se debe determinar si va a juicio oral y público.
Morales está procesado junto a Cynthia Ojeda Burgos por la muerte de Robert Marín, cuya familia sigue reclamando justicia. El mes pasado familiares y amigos de la víctima llevaron a cabo una manifestación frente al Palacio de Justicia de la capital en rechazo a la prisión domiciliaria.
La mujer fue procesada por presunta omisión de auxilio, omisión de aviso de un hecho punible y frustración a la persecución penal, por el fiscal Hernán Galeano, encargado del caso, quien solicitó a la magistrada elevar la causa a juicio oral.
