Martínez Appleyard fue imputado por el fiscal Silvio Corbeta, tras el allanamiento a GSR Security, donde es gerente general. En la empresa hallaron dinero correspondiente a ueno bank y a la empresa vinculada Red Digital, con un faltante que luego devolvió el procesado.
Estigarribia, en su resolución, dispuso la prisión preventiva de Martínez Appleyard, que deberá cumplir en el Centro Nacional de Prevenidos (ex-Tacumbú). Autoridades del reclusorio deben informar dentro de las 48 horas el lugar donde quedó alojado.
Según la imputación, Fabricio Martínez Appleyard, director general de GSR Security, había planificado y ejecutado, el 3 de noviembre de 2026, el retiro de todo el dinero que estaba bajo custodia en la bóveda principal de la empresa, perteneciente a ueno bank y Red Digital. Dicen los agentes que la suma entregada fue de G. 18.102.290.050 y USD 189.396.
Según la imputación, minutos antes de las 17:00, y al saber sobre la intervención de ueno bank SA dispuesta por el Banco Central del Paraguay, Martínez Appleyard se habría presentado en la sede de GSR Security y ordenó al jefe de seguridad interna que dispusiera el retiro anticipado de los funcionarios administrativos y solo permanecieron determinadas personas vinculadas con Tesorería, Seguridad y el Directorio.
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Conforme señalaron, habría impartido instrucciones para apagar las cámaras y el sistema de grabación que cubrían el sector de Tesorería, la bóveda principal y la esclusa de salida de los vehículos transportadores de valores.
“Los registros examinados consignan que el NVR de Tesorería sufrió un apagado anormal a las 16:53:01, de forma coincidente con el momento en que se habría iniciado la operación de retiro del dinero. Posteriormente, luego del conteo del dinero y del inventario físico, el gerente de Tesorería habría entregado a Fabricio Martín Martínez Appleyard los valores pertenecientes a ambas entidades, junto con un comprobante de entrega de efectivo”, explicaron.
Señalaron que el documento aparece firmado por Tesorería como entregado y por el Directorio, representado por el imputado, como receptor de la suma de G. 18.102.290.050.
Según los agentes, el imputado habría ordenado que el móvil blindado Nº 007, Toyota, Hiace, fuera colocado en la esclusa de salida. Junto con otras personas individualizadas en la imputación, realizaron el vaciamiento de la bóveda y cargaron el dinero en el vehículo, que luego abandonó la sede de la empresa.
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El registro GPS del móvil habría indicado un desplazamiento directo desde la sede central de GSR Security hasta un inmueble situado en el barrio Trinidad de Asunción, donde luego fueron hallados documentos vinculados con los movimientos de los fondos de ueno bank y Red Digital.
La declaración del jefe de seguridad atribuye al imputado las órdenes de retirar al personal, apagar las cámaras, movilizar el blindado y trasladar los valores fuera de la bóveda.
Según la hipótesis fiscal, luego de las verificaciones y del conteo efectuado en los procedimientos, se habría constatado un faltante de G. 3.090.600.000, cuya apropiación u ocultamiento se atribuye provisionalmente al imputado. Martínez devolvió la citada suma en la audiencia indagatoria.
La audiencia
En la audiencia de imposición de medidas, los abogados Paolo Castiñeira y Eduardo Agüero, por la defensa del imputado, solicitaron la aplicación de medidas menos gravosas, además de ofrecer como caución real tres inmuebles ubicados en Capiatá, San Cosme y Damián y Ñemby.
Explicaron que la Fiscalía no fundó siquiera el motivo por el cual pidió la prisión preventiva, además de que no existía peligro de fuga ni de obstrucción de las investigaciones.
Igualmente, remarcaron que no existe un perjuicio patrimonial, ya que se devolvió en forma íntegra del dinero señalado por el Ministerio Público.
Con ello, pidieron la aplicación de medidas menos gravosas y, en caso de que no se pudiera, que quedara por 15 días en la dependencia policial, para que se incorporaran nuevos elementos que harían variar la conducta de su defendido.
Ya en su análisis, el juez Rodrigo Estigarribia sostuvo que, de los antecedentes del caso, además del dinero que habría ocultado, se puede decir que hay una sospecha razonable del hecho punible.
Además, consideró que existe el peligro de fuga y de obstrucción de las pesquisas, por lo que decretó la prisión preventiva del encausado.