El juez de Garantías, Rubén Riquelme, comunicó ayer a la Cámara de Diputados la causa que se formó contra el legislador Tomás Éver Rivas, por los delitos de cobro indebido de honorarios y otros hechos, a raíz de una investigación periodística de Última Hora.
Ahora, la Cámara Baja deberá estudiar el desafuero para iniciar el proceso contra el legislador. Al mismo tiempo, el magistrado admitió la imputación contra los tres caseros, y los citó para la audiencia de la imposición de medidas cautelares.
Con ello, están procesados Reinaldo Chaparro Penayo, Lucio Romero Caballero y Nery Antonio Franco González, por los supuestos delitos de cobro indebido de honorarios, estafa, expedición y uso de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso.
El magistrado les citó para el próximo 1 de junio, a las 8.10, 8.30 y 9.00, respectivamente, para que se presenten con sus abogados para la audiencia, donde estudiarán aplicarles medidas cautelares.
Con respecto a Rivas, teniendo en cuenta que el mismo es diputado por el Departamento de Paraguarí, por la ANR, y fue reelecto para el próximo periodo, tiene fueros, por lo que no se pudo admitir la imputación en su contra.
De esta manera –como lo dice la propia Carta Magna–, el juez comunicó de la causa en contra del legislador a la Cámara de Diputados, junto con una copia autenticada de todo el proceso en su contra.
Después –según señala la normativa– serán los diputados los que deberán estudiar y decidir si quitan o no los fueros al parlamentario, para que se pueda admitir el proceso en su contra.
El diputado Pedro Alliana, titular de la Cámara Baja, había señalado a la prensa que ellos no pondrían ningún tipo de trabas para la causa, con lo que se trataría el desafuero del parlamentario.
La causa. El caso se inició a raíz de las publicaciones periodísticas realizadas en este diario, en el mes de febrero del 2017, donde se denunciaba la situación de los tres empleados del legislador.
Todos ellos estaban contratados en la Cámara de Diputados, a cargo del congresista Tomás Rivas, pero, en realidad, cumplían funciones en otros lugares.
Franco habría estado trabajando en un local comercial del legislador en Ybycuí; Romero era casero en la estancia de Rivas, y Chaparro se encargaba de cuidar la vivienda del legislador.
Según el fiscal Luis Lionel Piñánez, los tres contratados por la Cámara de Diputados, en ningún momento estuvieron en sus puestos de trabajo, ni en la zona del Parlamento de Asunción, en las fechas de sesiones ordinarias y extraordinarias, entre julio del 2016 a marzo del 2017.
No obstante, dice el agente del Ministerio Público, los ahora procesados igual firmaron planillas de entrada y salida, las que fueron certificadas con las firmas de Rivas, para justificar el cobro de los haberes.
La imputación tiene una comparación de las llamadas entrantes y salientes de las líneas telefónicas de las firmas Telecel SA y AMX Paraguay SA, donde se demuestra que los mismos no estaban en el Congreso, conforme Piñánez.
Los funcionarios cobraban entre 2 y 3 millones de guaraníes mensuales, que fueron percibidos en forma indebida al no cumplir con las labores para las que fueron contratados, afirma el fiscal.
Las abogadas Kattya González, actual diputada electa, y María Ester Roa, denunciaron el hecho, con las publicaciones de ÚH.
