Los jueces Lourdes Garcete, Manuel Aguirre y Rossana Maldonado; los fiscales Hernán Galeano y Marlene González; los abogados querellantes, los defensores y el acusado Gustavo Florentín estuvieron en la sede partidaria.
A pedido de la defensa, midieron la distancia entre el lugar donde se habría producido el disparo que acabó con la vida de Rodrigo Quintana y el sitio donde cayó mortalmente herido. También revisaron el sitio donde estaban las cámaras de circuito cerrado, a más de la oficina de la presidencia, en el primer piso, donde estaba el DVR de las cámaras.
Igualmente, fueron al tinglado y al estacionamiento, donde revisaron el lugar donde se habrían ocultado varios de los militantes liberales, ante la irrupción violenta de los policías esa madrugada.
Según el abogado Ricardo Estigarribia, defensor del policía, explicó que hay una diferencia “sustancial” de “tres metros” en la pericia balística presentada por la Fiscalía sobre el hecho y que habría una cámara de circuito cerrado que podría “dilucidar” lo ocurrido, pero que fue borrada.
Alegó que el DVR incautado el mismo día de la muerte de Quintana fue manipulado, ya que se habría encendido más de una vez tras su incautación y se habría eliminado los contenidos.
Finalmente, responsabilizó del homicidio al suboficial Arnaldo Andrés Báez, sobreseído en la misma causa. Dijo que este fue el que mató a Rodrigo Quintana y no Gustavo Florentín.
En el local, también estaba la ex pareja y la hija de Quintana, a la fecha de 16 años. Esta última se afilió al PLRA ayer, durante la diligencia. Dijo que pese a que sus familiares son colorados, ella quería afiliarse al partido de su padre.
El juicio oral siguió después, con más declaraciones, entre ellas, la de la ex fiscala Raquel Fernández, que había sido la que intervino tras lo ocurrido esa madrugada.
