El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados ( JEM ) aprobó la remoción de la jueza Tania Irún por firmar la transferencia de manera presuntamente irregular de 310.000 hectáreas en la zona del Chaco pertenecientes a la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial, conocida como la Secta Moon.
La destitución de la jueza en Primera Instancia en lo Civil y Comercial fue por cinco votos de los miembros Jorge Bogarín, Manuel Dejesús Ramírez Candia, David Rivas, Rodrigo Blanco y Luis María Benítez Riera. Por la absolución votaron los miembros Enrique Bacchetta, Mónica Seifart y Fernando Silva Facetti.
Bogarín sostuvo que la magistrada hizo lugar a una demanda ordinaria por cumplimiento de contrato y obligaciones de escrituras públicas, por lo que ordenó a la parte demandada a otorgar escrituras traslativas de dominio a favor de entidades extranjeras de inmuebles que se hallan en la zona fronteriza.
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Según el presidente del JEM, la jueza argumentó que al no demostrarse que los actores se vieron afectados por la Ley 2532 y que al disputarse los presupuestos básicos para conceder la acción no tuvo alternativa que hacer lugar a la demanda promovida.
No obstante, agregó que Irún debió de tener presente que el caso se encuentra ante una ley especial, que contiene ciertas exigencias muy puntuales y protege garantías constitucionales que hacen a la soberanía territorial de la nación.
El caso data del 2018 cuando la jueza hizo lugar a la demanda planteada por los acreedores y ordenó el cumplimiento de un contrato suscripto entre la organización religiosa (Secta Moon) y sociedades que prestaron dichos fondos a la organización religiosa, que coincidentemente formaban parte del mismo grupo económico-religioso.
Con ello se resolvió la inscripción a título de dación en pago de propiedades las 310.000 hectáreas en el Norte del país, a favor de empresas de capitales europeos y asiáticos, conocidas como Grupo Cusabo.
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Sin embargo, el abogado de la sociedad, Osvaldo Bittar, había salido al paso para referir que la asociación nunca solicitó ni recibió ese crédito. Otro dato no menor es que la propiedad extensa está valuada en USD 500 millones, cedidos en su totalidad, pese a que el supuesto crédito fue de USD 15 millones.
Además, todas estas resoluciones fueron firmadas por la jueza Tania Irún cuando tenía permiso de maternidad hasta el 27 de enero de 2019, pero solicitó a la Corte que se deje sin efecto esa licencia, lo cual fue otorgado por resolución el 23 de noviembre de 2018, pero notificado recién el 28 de ese mes a la magistrada.
Sin embargo, ese 23 de noviembre ya subió la resolución de transferencia de las tierras al sistema informático, según la denuncia. La remoción de la jueza será enviada al pleno de la Corte Suprema de Justicia que estudiará el caso.
