El mismo, incluso, el 9 de marzo de este año había sido suspendido sin goce de sueldo por el pleno de la Corte Suprema de Justicia.
No hubo la cantidad de votos necesaria para su remoción, por lo que fue absuelto de culpa y pena, con lo que deberá ser reincorporado por el Máximo Tribunal de la República.
Conforme con los antecedentes, el 21 de diciembre del 2021, el magistrado decretó el secuestro de un contenedor con 953.765.000 kilos de varillones de acero, los cuales estaban depositados en el Puerto San José-Empedril SA.
Las citadas varillas habían sido decomisadas como contrabando y no tenían la certificación del INTN, instancia que determinó que no eran aptas para la construcción porque estaban con alto nivel de corrosión, con lo que era peligroso para su uso.
Sin embargo, con la denuncia del presidente de la UIP, Enrique Duarte, el 29 de ese mismo mes de diciembre, revocó su propia orden y dejó sin efecto la entrega de los citados productos.
Tras las denuncias realizadas, la Corte Suprema de Justicia dispuso la suspensión sin goce de salario del magistrado y remitió los antecedentes del mismo al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
La denuncia contra el juez fue presentada luego por la Dirección Nacional de Aduanas, a raíz de la resolución, finalmente no ejecutada por parte del magistrado Lezcano Fernández.
El caso fue admitido el 5 de abril de este año. Se dijo que decretó la medida cautelar sin tener competencia, que la misma fue dictada sin cumplir con los presupuestos legales y entregar mercaderías que podrían ser peligrosas.
El senador Fernando Silva Facetti votó por la absolución, ya que entendió que la resolución estuvo argumentada, que es una medida transitoria, que cumplió con los presupuestos legales. Incluso, el magistrado revocó su medida cautelar, por lo que no se comprobó el mal desempeño en sus funciones, con lo que dijo que debía ser absuelto.
El ministro Manuel Ramírez Candia votó en disidencia por el apercibimiento a Lezcano Fernández. Dijo que no hubo irregularidad sobre la competencia, aunque con respecto a la medida cautelar explicó que no hubo urgencia del caso, ya que las varillas estaban hace 5 años en el depósito, y que solo pidió caución juratoria, por lo que correspondía el apercibimiento.
El Jurado de Enjuiciamiento absolvió al juez de Villa Hayes, Carlos Lezcano, quien había sido denunciado por la UIP y DNA por ordenar la liberación de varillas de contrabando, fallo que luego revocó.
Arresto en casa
El juez de Garantías, Julián López, decretó el arresto domiciliario de Francisco Céspedes, quien fue imputado por supuesto contrabando. El mismo había sido detenido en posesión de más de 2.000 kilos de carne de contrabando en Villeta. Sin embargo, como la carga es menor que 5.500 jornales, el caso quedó con el juez de Garantías de turno y no de Delitos Económicos.
