La entrada en vigor de las medidas, que requieren a todo el que entre en el país presentar una declaración jurada que autoriza a revelar públicamente su nombre, nacionalidad y cualquier información que contribuya a prevenir la propagación de la Covid-19, coincide con la expansión del estado de emergencia.
En total, 11 de las 47 prefecturas del archipiélago, que aglutinan a más de la mitad de la población y el 60% de la economía nacional, se encuentran incluidas desde hoy en la alerta sanitaria, que se prolongará al menos hasta el próximo 7 de febrero.
Aunque el estado de emergencia nipón no conlleva el confinamiento de la población, se ha pedido a los ciudadanos que no salgan si no es estrictamente necesario y se ha instado al sector de la hostelería a que adelanten su cierre comercial a las 20:00 horas.
En este contexto, Japón ha decidido endurecer sus restricciones fronterizas y suspender el “corredor de negocios seguro” que había establecido con once países de Asia-Pacífico, con el que 11.546 personas (sobre todo de Vietnam y China) habían entrado en el país entre el 4 y el 10 de enero, según datos del Ministerio de Justicia.
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Por primera vez desde que Japón detectara su primer caso de Covid en enero de 2020, el país ha establecido castigos para quienes entren en el territorio e incumplan su cuarentena de 14 días.
En el caso de los ciudadanos japoneses, podrá revelarse su nombre y otros datos públicamente. Los residentes de otras nacionalidades, además, podrán perder su permiso de residencia y ser deportados, según las nuevas directrices del Ministerio de Asuntos Exteriores.
Además de la obligatoriedad de presentar una declaración jurada al respecto, quienes lleguen al país tendrán que instalar en sus dispositivos móviles la aplicación de mensajería Line (a través de la que el Ministerio de Salud hace un seguimiento) y la aplicación de rastreo de contactos COVID del Gobierno nipón, llamada Cocoa. También tendrán que conservar su historial de ubicaciones GPS.
Estas medidas llegan cuando Japón acaba de superar los 300.000 casos de Covid-19 y 4.233 muertes vinculadas al virus, en torno al 40% en el último mes.
El país, que hasta ahora no contaba con medidas punitivas para quienes desatendieran las peticiones del Gobierno en relación al virus, está estudiando asimismo implementar multas para los pacientes de Covid que rechacen hospitalizarse (en principio obligatorio en el país) o los negocios que incumplan órdenes de cierre.
