El indulto es extensivo a todos los agentes del orden que hayan sido condenados por crímenes culposos, o aquellos que hayan sido cometidos por actos realizados por “su deber de actuar” o “en razón de riesgos” enfrentados por las fuerzas de seguridad.
Ese aspecto beneficia directamente a los 69 agentes que siguen vivos de los 74 que fueron condenados por los 111 homicidios de presidiarios cometidos en la cárcel de Carandiru, en São Paulo, en 1992.
Los agentes fueron condenados en sendos juicios celebrados en 2013 y 2014, pero nunca han llegado a ser encarcelados, debido a maniobras judiciales, con las que sus abogados han conseguido dilatar los juicios de apelación en instancias superiores, en un caso que se ha convertido en un símbolo de la impunidad en Brasil.
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El diputado Eduardo Bolsonaro, hijo de Jair Bolsonaro, celebró la concesión de los indultos en sus redes sociales, diciendo que “hoy se hizo justicia” para esos policías autores de los homicidios en Carandiru, a los que “intentaron arrestar por 30 años”.
“Policías militares que entraron donde ninguna madre siquiera permitiría que sus hijos entrasen y cumplieron su misión. Local que guardaba las personas más peligrosas del país. Sufrieron, incluso con la aplastante mayoría de la sociedad apoyándolos”, afirmó.
La matanza de Carandiru se remonta al 2 de octubre de 1992 y se inició por un motín en el pabellón nueve de este presidio, el mayor de Brasil en la época, que albergaba a cerca de 8.000 internos hacinados y en condiciones insalubres.
La Policía reprimió el motín con una violencia extrema, disparando a los reclusos cuando muchos de ellos estaban encerrados en sus respectivas celdas, sin posibilidad de defenderse o huir.
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Según los análisis forenses presentados durante el juicio, los 111 muertos recibieron en total 515 balazos, entre ellos 126 en la cabeza, algo que para los grupos defensores de derechos humanos constituye una prueba de que fueron ejecutados sumariamente.
El responsable de la operación, el coronel de policía Ubiratan Guimarães, fue condenado en 2001 por el uso excesivo de la fuerza, pero tampoco llegó a entrar en prisión y resultó absuelto en una apelación en 2006, pocos meses antes de fallecer asesinado.
La conmoción que produjo la matanza llevó a las autoridades brasileñas a clausurar Carandiru en 2002, y posteriormente se ordenó su demolición para dar lugar a un parque.
