Propietarios de pequeñas parcelas de tierras, otorgadas por el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) en Itakyry, denunciaron que el Gobierno sigue alentando y fortaleciendo la invasión de sus tierras por parte de una comunidad de indígenas avá guaraní, contra quienes pesa una orden de desalojo judicial.
El hecho se registra en la colonia Tape Yke, del distrito de Itakyry, donde la comunidad nativa Ka’a Poty había sido reubicada por orden de la jueza de la capital Alejandra Magalí Zavala Ríos, en el marco de una medida cautelar otorgada en un juicio de reivindicación.
Los afectados señalan que el Ministerio del Interior y la Policía Nacional tienen previsto hacer cumplir en esta semana una orden de desalojo firmada por la jueza Ana Giménez, de Itakyry, hace tres meses, por acciones iniciadas por los vecinos afectados por una superposición de títulos de propiedad del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), sobre sus tierras. Los antecedentes dicen que el Indi había adquirido 1.364 hectáreas ubicadas en el distrito de Mariscal López, Departamento de Caaguazú, y parte del distrito de Itakyry, Departamento del Alto Paraná, lo que desató el conflicto al enviar a un grupo de indígenas a ocupar las tierras de los pequeños productores que habían sido instalados allí por el Indert, en parcelas que no pasan las diez hectáreas.
La comunidad Ka’a Poty fue creada y reconocida por el Indi, tras la compra del inmueble y está encabezada por la lideresa Marta Isabel Días de Goncalves, oriunda de una comunidad Avá Guaraní, del mismo distrito, según los antecedentes. “Ahora están cargando gente porque se tiene que realizar el desalojo que hace tres meses fue ordenado y lo estuvo dilatando la Policía Nacional. Ya se ha notificado a todas las instituciones, el Indi, Derechos Humanos, para que se pueda hacer cumplir la orden judicial”, señaló Michelle Betancourt, abogada de los vecinos afectados por el problema.
La semana pasada un grupo de nativos que estuvieron acampando en el centro urbano de Caaguazú fue recogido y trasladado a Itakyry, por gestión de la Pastoral Social, en dos camiones con el logotipo de la Gobernación de Caaguazú, según los vecinos.
Por otro lado, la Itaipú Binacional también está apoyando con insumos, incluso enviando una productora publicitaria denominada Publicidad Martínez, para hacer propaganda del apoyo a los nativos, denunció la familia de Pedro Torras, uno de los afectados. La Entidad Binacional también entregó plantines de árboles nativos a los nativos, sin tener en cuenta que existe un conflicto judicial por la propiedad de esas tierras. “Estamos soportando pérdidas económicas, sin poder utilizar nuestros campos, gastos de alquiler para pasturas de animales, gastos judiciales interminables y la pérdida progresiva de nuestra salud, que a ninguna autoridad, ni derechos humanos importa”, señala un comunicado a la opinión pública lanzada por los afectados.
La jueza de la capital Zavala Ríos envió nuevamente a la colonia Tape Yke al grupo de nativos, desalojados del inmueble de la abogada Liz Carolina Alfonzo, otorgándoles en forma provisoria una porción de 540 hectáreas en el lugar, en los inmuebles de los vecinos de Alfonzo.
