La Itaipú Binacional (IB) continúa cerrando sus puertas a la Contraloría General de la República (CGR), institución que busca cumplir con la Ley Nº 6763 y auditar las finanzas de la hidroeléctrica (lado paraguayo), correspondientes al año 2020. Ocurre que Itaipú no aceptó una medida judicial para ser inspeccionada por el ente contralor y apeló la misma, cuyo expediente se encuentra ahora en el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, 6ª Sala, según informó la CGR.
Al apelar la providencia del juez, el magistrado concedió la apelación y esta se debe dirimir en el Tribunal de Apelación. El Tribunal debe emitir otra providencia, por la cual pedirá que se funde la apelación presentada por Itaipú. Así, la IB, cuyo director paraguayo es Manuel María Cáceres, tendrá que decir por qué razones no acepta la resolución del juez. El caso se encuentra en esta etapa, según indicó la CGR.
Recordemos que la Contraloría solicitó la medida ante el Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil y Comercial, 7º Turno, a cargo del juez Édgar Rivas. El subcontralor Augusto Paiva fue quien firmó el documento en ausencia del contralor Camilo Benítez. Paiva explicó que en su artículo 3, la Ley Nº 6763 establece que una vez vencido el plazo para que las entidades remitan la documentación requerida para la auditoría, se puede solicitar la correspondiente intervención judicial.
El caso. La CGR reiteró que las autoridades de la hidroeléctrica se niegan a proveer información al ente de control y por eso se recurrió a la acción judicial. El director jurídico de la CGR, Darío Ortega, había enfatizado que la ley habilita la fiscalización de las binacionales, y por esto se ordenó una auditoría financiera y de cumplimiento en Itaipú. Relató que solicitaron a la entidad los documentos de la ejecución presupuestaria de 2020, como los estados financieros, el balance analítico, el listado detallado de los planes, programas y proyectos elaborados, copias de informe de auditorías interna y externa, entre otros. Los requerimientos se hicieron en septiembre.
Por su parte, Paiva había detallado que la Contraloría se apoya en la reciente legislación, que determina que en caso de negar información se pueden “incluso tramitar órdenes de allanamiento de domicilios, locales, depósitos u otros recintos, con auxilio de la fuerza pública con el objetivo de acceder a todos los registros y documentos” para cumplir con su cometido.
El subcontralor insistió que Itaipú no contestó ninguno de los requerimientos, mientras que la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) sí lo hizo. “Yacyretá fue notificada y respondió en tiempo y forma, y acercó la documentación, a lo mejor no completa, pero se allanó al requerimiento de la Contraloría”, manifestó el subcontralor.
La tarifa bajará, según expertos
Por si fuera poco el caso que enfrenta a Itaipú con la Contraloría, la binacional sigue sin definir su presupuesto 2022, y según las estimaciones la tarifa bajará, lo cual resulta más favorable para Brasil. El ex gerente técnico de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Fabián Cáceres, y el experto en energía, Victorio Oxilia, señalaron que el país vecino logrará su objetivo de bajar la tarifa. Coincidieron que, teniendo en cuenta la posible implementación de un presupuesto provisorio a falta de un acuerdo entre Paraguay y Brasil, este debe basarse en el Anexo C, el cual determina la reducción de los números, porque la deuda de la entidad será menor el próximo año.
Ambos expertos lamentaron también la reacción tardía del Gobierno en busca de sostener la tarifa en USD 22,60 kW mes. El Consejo de Administración de Itaipú se reunió el miércoles pasado para analizar la tarifa, pero decidió postergar la definición para una próxima sesión a realizarse antes de febrero de 2022, según informó la entidad. Hasta ahora no existe un consenso, pues Brasil propone la reducción con base en el Anexo C a USD 18,95 kW mes.
