Es notable cómo la solidaridad se torna selectiva cuando la víctima no responde a ciertos estándares.
Es el caso de la funcionaria de Itaipú que denuncia haber sufrido acoso sexual de parte del superintendente de servicios generales de la entidad y “asesor especial” de James Spalding. Lo que se dice, un peso pesado y, encima, con padrinos en el Partido Colorado, en el que milita y por medio del cual llegó donde está.
Sin embargo, no ha habido mayores expresiones de apoyo a la mujer ni de organizaciones civiles, ni de parte de la Secretaría de la Mujer. Recién ayer escuchamos hablar a la ministra al respecto.
Antes y después de dar a conocer públicamente lo que le estaba sucediendo, la chica sufrió amedrentamientos, incluido un extraño asalto en el que intentaron despojarle de su teléfono móvil, caso en el que, según su testimonio, habrían estado involucrados guardias de la Itaipú, contratados para realizar dicho trabajo sucio a pedido del supuesto acosador. Este estaba preocupado por ciertos mensajes vía WhatsApp que lo comprometerían.
La joven es hija de un político colorado del Alto Paraná y está asumiendo sola y con notable valentía la denuncia y las consecuencias laborales que le acarrea su deseo de desenmascarar a funcionarios , como el que a ella le acosó, amparado en la complicidad e impunidad, dentro y fuera de la entidad binacional.
La persona acusada por ella es Arturo Giménez, ex ministro de la Juventud de la época de Nicanor Duarte Frutos, quien ingresó a la binacional gracias a la actividad partidaria y a ciertos padrinos de peso del coloradismo.
Se imaginarán el volumen de sus haberes y todos los beneficios y privilegios de los que estará gozando como asesor del director de la entidad y superintendente de servicios generales. Demasiado afortunado ya. De alguien así, uno esperaría que sea un hombre respetuoso de las personas, si no por principio moral, al menos por proteger su puesto laboral. A juzgar por las declaraciones de la víctima, no es el caso. En esta historia, además de ponerse en duda automáticamente la versión de la afectada, es triste escuchar que hay otras víctimas y que por temor a perder el trabajo estas prefieren el silencio.
De hecho, la joven que no está callando el supuesto acoso reconoce que por asumir esta actitud la marginaron y le tratan con desdén, inclusive algunas funcionarias leales al denunciado. Giménez está sometido a un sumario interno, pero no fue cesado temporalmente, como correspondería mientras dure la investigación que, hasta ahora, aunque sea de oficio debió iniciar la Fiscalía.
Es injusto que en el siglo XXI se sigan apañando inconductas como estas y que, para colmo, la afectada sea revictimizada, termine afrontando una demanda por calumnia y no reciba la solidaridad de sus congéneres. Qué mal estamos.