El gobierno de Pretoria presentó un recurso urgente ante la CIJ para obligar a Israel a “suspender inmediatamente” sus operaciones militares en Gaza. Unas acusaciones que el presidente de Israel calificó de “atroces” y “absurdas”.
Los representantes legales de ambos países se enfrentarán en la gran sala del llamado Palacio de la Paz en La Haya, la sede del tribunal, lejos de la guerra en la Franja de Gaza desencadenada por un ataque sin precedentes del movimiento palestino Hamás contra Israel el pasado 7 de octubre.
Sudáfrica argumenta que Israel incumple sus obligaciones en el marco de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, un tratado de 1948 creado justo después del Holocausto.
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En tanto que país signatario del tratado, Sudáfrica puede llevar a Israel ante la CIJ, que se pronuncia sobre disputas entre países.
En su acusación, Sudáfrica reconoce el “peso particular de la responsabilidad” de acusar a Israel de genocidio y condena “inequívocamente” los ataques de Hamás que desencadenaron la guerra en Gaza.
Pero al mismo tiempo, en un documento de 84 páginas, el gobierno de Pretoria afirma que los bombardeos y las operaciones terrestres de Israel tienen “la intención específica (...) de destruir a los palestinos de Gaza como parte del grupo nacional, racial y étnico más amplio de los palestinos”.
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El presidente israelí, Isaac Herzog, arremetió contra estas acusaciones, que refutará en La Haya Aharon Barak, ex presidente de la Corte Suprema del país. “No hay nada más atroz y absurdo que esta afirmación”, expresó Herzog.
“Estaremos en la Corte Internacional de Justicia y presentaremos con orgullo nuestro caso de legítima defensa (...) acorde al derecho internacional humanitario”, afirmó.
Según el presidente, el ejército israelí está “haciendo todo lo posible en circunstancias extremadamente complicadas sobre el terreno para asegurar que no haya consecuencias no deseadas ni víctimas civiles.”
Como se trata de un procedimiento de urgencia, la CIJ podría pronunciarse en cuestión de semanas.
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Aunque sus fallos son definitivos y no pueden ser apelados, los países no siempre siguen los veredictos de la corte, como en el caso de Rusia, a quién la CIJ ordenó poner fin a su invasión de Ucrania.
Según Cecily Rose, profesora asistente de derecho internacional público en la Universidad de Leiden, en Países Bajos, en este primera etapa la corte no tiene que pronunciarse sobre el fondo del caso, algo que probablemente necesitará años.
“La corte solo estará evaluando si existe un riesgo de perjuicio irreparable a los derechos consagrados en la Convención sobre el Genocidio, en particular el derecho de los palestinos en Gaza a ser protegidos de actos que amenacen su existencia como grupo”, explicó Rose a la AFP.
Fuente: AFP.
