Adnán, panadero de 34 años, fue entregado la pasada madrugada a fuerzas de seguridad palestinas en un cruce próximo a la aldea de Arrabe, unos 12 kilómetros al sureste de Jenín, informó la agencia local de noticias Maan.
El militante islamista se encontraba desde hace tres semanas en el hospital Asaf Harofé, al suroeste de Tel Aviv, después de que su vida corriese peligro a raíz de una huelga de hambre para protestar su prolongado encarcelamiento sin juicio.
La figura de “preso administrativo”, que Israel heredó del Mandato Británico, consiste en la detención de una persona durante períodos prorrogables de seis meses sin procesarla y, en muchos casos, sin darle a conocer siquiera las razones.
Por ello es criticada desde hace años por los principales organismos y ongs de derechos humanos, que exigen a Israel procesar al detenido o dejarlo en libertad.
Para Adnán, encarcelado el año pasado en la ola de arrestos de militantes islamistas tras el secuestro y asesinato de tres adolescentes judíos cerca de Hebrón, este era su décimo arresto en estas condiciones.
Desde hace casi dos meses sólo ingería agua sin sales, azúcares o vitaminas, una medida que Adnán adoptó por primera vez en 2012 y que, siendo secundada entonces por cientos de presos palestinos, obligó a Israel a dejarle en libertad.
También en esta ocasión Israel accedió a liberarlo en un pacto alcanzado el pasado 28 de junio por el que Adnán se comprometió a abandonar la huelga.
La agencia Maan informa de que fue entregado a la ANP de madrugada y en un absoluto secreto para impedir celebraciones callejeras, dada su repercusión entre la opinión pública palestina.
Mientras, siguiendo su ejemplo, en prisiones israelíes quedan otros dos presos administrativos que superan ya los 24 días en huelga de hambre, informó ayer el Comité palestino para los Prisioneros.
Un tercero de Belén abandonó la huelga a los 31 días.
Unos 60 presos palestinos han decidido también boicotear a las cortes judiciales israelíes en protesta por los arrestos administrativos, en una decisión que entró en vigor el 1 de julio.
Entre 450 y 500 palestinos se encuentran en estos momentos bajo esa polémica condición jurídica, de los alrededor de 5.000 que están recluidos en prisiones israelíes.
En un comunicado, los presos aseguraron que habían decidido “boicotear completamente las llamadas cortes que se especializan en tratar o renovar los arrestos administrativos, así como a apelar a la Corte Suprema” de Israel.
De los alrededor de 800 que había en 2007, el número de presos administrativos descendió progresivamente hasta por debajo de los 200 en 2012, pero el año pasado se volvió a incrementar en un 80 por ciento, según la ong israelí Betselem.
