El Consejo de Seguridad se reunió hoy de emergencia, a instancias de la presidencia argelina, para tratar específicamente sobre los ataques israelíes a infraestructuras médicas en Gaza, que según el Ministerio palestino de Salud se cobró la vida de 1.050 profesionales del sector, siendo todos ellos –recalcó Türk– “civiles que prestan una función crítica en tiempos de guerra”.
Los ataques israelíes dejaron en los casi quince meses de guerra 100.000 heridos, y de ellos “muchos murieron esperando tratamiento por falta de acceso a cuidados médicos”, resaltó el alto comisionado por teleconferencia, y destacó los crecientes obstáculos que Israel pone a los organismos de la ONU y otras agencias humanitarias para proveer estos servicios.
Recordó que en el derecho internacional es obligatorio distinguir entre blancos civiles y militares, y “usar artillería pesada contra hospitales resulta difícil de reconciliar con ese principio"; es más, atacar de manera intencionada hospitales donde se trata a los heridos “es un crimen de guerra (...) y la destrucción deliberada de infraestructuras médicas equivale a un castigo colectivo que también constituye un crimen de guerra”.
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Türk dijo que Israel aduce –hoy lo volvió a hacer, en momentos previos a esta reunión, por parte de su embajador ante la ONU– que sus ataques a los hospitales se justifican porque sirven de escondrijo a militantes de Hamás, pero “Israel no ofreció suficiente información para sustentar esas acusaciones, que son vagas y con frecuencia erróneas. En algunos casos, son contradictorias con la información disponible”.
Si las acusaciones de Israel fueran ciertas, eso equivaldría también a un crimen de guerra por parte de Hamás, por lo que Türk pidió públicamente “una investigación independiente, transparente y exhaustiva” sobre sus ataques a los centros médicos y su supuesto uso impropio para fines militares.
Sin embargo, desde el comienzo de la guerra, Israel se ha negado a permitir investigaciones independientes sobre su actuación durante la guerra de Gaza, del mismo modo que impide desde hace quince meses el acceso de periodistas a la zona de guerra.
Fuente: EFE.
