Según datos disponibles en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), el monto total de contratación asciende incluso a los G. 9.464.572.956, incorporando una ampliación.
Esta situación resulta sumamente extraña en contrataciones públicas, pues solo dos años antes, en mayo del 2021, la institución –ya administrada por Bataglia– realizó el mismo llamado, pero solo por G. 2.100.000.000. Esto implica un incremento de casi cinco veces más entre lo presupuestado en el 2021 y lo presupuestado en el 2023.
En contacto con Juan Manuel Villar, director de la unidad operativa de contrataciones de la previsional en el 2023, respondió a ÚH que la Dirección Operativa de Contrataciones de todas las instituciones del Estado, ya sea con la Ley 2051/03 o con la nueva Ley 7021/22, no tienen potestad de establecer los precios referenciales, unidades de medidas o forma de cotización de los servicios de fumigación.
“De esa tarea se encargan las direcciones administradoras de contratos, en este caso, la Dirección de Servicios Administrativos. Si pueden verificar en cada uno de los PBC, se podrá dar cuenta de ello”, respondió el funcionario vía WhatsApp a las consultas de este medio.
MISMO PROVEEDOR. La firma Fumipro Control de Plagas, de Diego Rafael Beconi Ochipinti, quedó con ambos contratos. Se trata de los llamados con ID 385520 en el 2021 y con ID 417286 en el 2023.
Esta empresa fue la única en presentarse en ambos casos. Al observar el pliego de bases y condiciones (PBC) se ve una serie de limitaciones para los oferentes interesados en participar. Una de ellas guarda relación a la “capacidad técnica”. En ella se exigía a los oferentes contar con una oficina o sucursal en por lo menos cuatro ciudades en el país.
“El oferente deberá contar con una oficina o sucursal en por lo menos cuatro de las siguientes ciudades: Asunción, Pilar, Ciudad del Este, Pedro Juan Caballero, Encarnación, Coronel Oviedo, Villarrica, San Ignacio Misiones o Concepción”, rezaba parte del PBC.
Tras las protestas, esto fue reducido de cuatro a tres localidades. Al reclamarse nuevamente, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) decidió ya no dar lugar a las protestas.
En cuanto a los “productos e insumos”, se exigía la utilización obligatoria de composiciones que concuerden con los de la marca Inesfly de Mather Company SRL. La autorización del fabricante para utilizar este producto solo fue otorgada a unas seis firmas en la actualidad.
CONTRATACIONES. Tras las protestas, la DNCP ordenó algunas modificaciones al PBC. Sin embargo, luego, al ser objetadas nuevamente, el ente público decidió ya no dar lugar a más modificaciones.
“Se concluye que la convocante ha justificado la inserción de la autorización del fabricante con el fin de asegurar la correcta ejecución contractual y evitar posibles desabastecimientos de los insumos. Respecto a las especificaciones técnicas (EETT), relativas a la composición del producto requerido, se observa que la convocante ha planteado la protesta con base en una versión del PBC que no se encontraba vigente”, se lee en parte de la respuesta presentada por la DNCP para rechazar la protesta.
Añade que “en cuanto a las oficinas o sucursales, se observa que el PBC prevé la posibilidad de presentar acuerdo de compromiso, ya sea de alquiler o de compra de inmueble, de forma a tornarlo operativo desde el momento de la adjudicación, y no solamente demostrable con título de propiedad o contrato de alquiler. Por tanto, corresponde el rechazo de la impugnación presentada”.
Hasta la fecha, Fumipro recibió G. 5.579.292.372 por los servicios de fumigaciones del último contrato.
