Editorial

Investigar el caso TSJE no debe trabar el proceso democrático

La disposición de Contrataciones Públicas de suspender la licitación para implementar el voto electrónico en las próximas elecciones municipales no debe interferir con la marcha del proceso democrático. Si existen sospechas de que puedan existir irregularidades es bueno investigar, pero hay que encontrar la manera de que todo se aclare sin alterar el plazo para llevar a cabo las próximas elecciones municipales en tiempo y forma. Mucho menos hay que permitir que esta interrupción administrativa sirva al interés de sectores políticos que buscan impedir el desbloqueo de las listas sábanas con el voto electrónico. No hay que privar a la ciudadanía de la posibilidad de castigar con su voto a los candidatos indeseables.

La decisión de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) de suspender –ante denuncias de supuestas irregularidades– el proceso por el cual el Tribunal Superior de Justicia Electoral había llamado a licitación para alquilar máquinas informáticas e implementar el sistema de voto electrónico en las elecciones municipales del próximo año, está generando una situación conflictiva, ya que, según las autoridades del TSJE, la medida puede incidir en que no se lleguen a realizar los comicios en tiempo y forma, con lo cual se verá afectado el cronograma del proceso democrático.

La conflictiva situación plantea varias aristas. Por un lado, las denuncias de presuntas irregularidades ante la licitación por valor de 21 millones de dólares para el alquiler de las máquinas de votación para las elecciones municipales venían en aumento. Se han conocido los cuestionamientos de la empresa británica Smartmatic, acusando que el llamado estaría elaborado para favorecer a la empresa argentina Magic Software Argentina (MSA). Son las únicas dos empresas que presentaron ofertas, de las cinco que inicialmente se mostraron interesadas.

En su resolución conocida el miércoles, el director de Contrataciones Públicas, Pablo Seitz, sostiene que son cinco las protestas ante el proceso: licitación dirigida, cuestionamiento de las bases del pliego, riesgo de que el sistema sea hackeado, tecnología obsoleta y empresas que compiten sin experiencia, asumiendo las mismas críticas que hacía la empresa Smartmatic.

Si existen dudas en una licitación pública, es bueno que se abra un proceso de investigación. La Justicia Electoral paraguaya, tras haber sido considerada una institución modelo por su eficiencia, ha ido perdiendo credibilidad tras algunas actuaciones consideradas parciales en favor de algunos sectores políticos. Las misiones de observadores electorales de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Unión Europea (UE) durante los comicios generales del 2018 habían dejado varios cuestionamientos para mejorar el sistema electoral. Por ello, todo proceso investigativo que ayude a la transparencia resultará saludable para fortalecer el sistema democrático.

Sin embargo, ante las advertencias de las autoridades del TSJE de que esta interrupción puede afectar al cronograma fijado e incluso impedir que los próximos comicios municipales se puedan llevar a cabo en el plazo indicado, hay que encontrar la manera de que todo se aclare sin alterar el proceso democrático.

Mucho más grave sería que se confirme la presunción que tienen algunas organizaciones sociales de que esta interrupción administrativa es una maniobra de sectores políticos ligados al actual Gobierno, que buscan impedir el proceso de desbloqueo de las llamadas listas sábanas o cerradas, que se podrá cumplir luego de una larga lucha ciudadana, a través de la implementación del voto electrónico.

Es bueno garantizar que se adopten todos los mecanismos que permitan la mayor transparencia y participación en las próximas elecciones, pero no se debe permitir alterar el proceso democrático y mucho menos privar a la ciudadanía de la posibilidad concreta de castigar con su voto a los candidatos indeseables.

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