El pasado 20 de febrero, el anestesista Alejandro Zalazar, de 29 años, fue encontrado muerto en su vivienda del barrio de Palermo. Según la autopsia, su fallecimiento se produjo por “congestión, edema pulmonar y edema meningoencefálico” y, según explicaron fuentes judiciales a EFE, se investiga si la causa fue el consumo de propofol y fentanilo, dos potentes anestésicos.
Junto al cuerpo de Zalazar, la Policía halló los medicamentos y una bomba de infusión, equipo utilizado para administrar drogas por vía intravenosa.
La clasificación de las drogas halladas permitió establecer que provenían del Hospital Italiano, una institución privada.
La clínica publicó un comunicado en el que informó sobre el faltante de fármacos, lo que derivó en una investigación y en el cese del anestesiólogo Hernán Boveri y la médica residente Delfina Lanusse, quienes han sido imputados en la causa.
La Justicia analiza la posible existencia de citas, conocidas como ‘Propofest’ o ‘fiesta del propofol’, en las que un grupo reducido de profesionales habría consumido esos anestésicos con fines recreativos.
Según testimonios de trabajadores de la salud, en las reuniones se ofrecían “viajes controlados”, en los que un médico supervisaba el consumo de las sustancias.
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El caso tomó impulso el pasado viernes, cuando un enfermero de 44 años, Eduardo Betancourt, fue encontrado muerto en otro departamento de Palermo.
En el lugar, la Policía se incautó de más de 50 ampollas de medicamentos de uso hospitalario, entre ellos propofol y fentanilo, además de jeringas, guantes y teléfonos celulares.
Betancourt se había mudado hace un mes a la capital argentina desde la provincia de Entre Ríos, de donde era oriundo, y se encontraba desempleado. Se investiga si el enfermero estaba solo en el momento de su muerte.
La autopsia, dada a conocer este lunes, informó que el enfermero falleció entre tres y cinco días antes del 3 de abril (día en que fue encontrado sin vida) a causa de una “cardiopatía hipertrófica y dilatada con congestión pulmonar”.
Ahora se espera el resultado de estudios toxicológicos e histopatológicos para conocer las circunstancias exactas del deceso.
La Justicia busca determinar si ambas muertes están vinculadas con el supuesto robo y uso indebido de anestésicos y si existió una red de distribución ilegal de estas sustancias que pudiera involucrar a otras instituciones médicas en Argentina.
Fuente: EFE.
