El interventor de la Gobernación del Guairá, Pablo Adriano Vera Insaurralde (49), está imputado desde el 2017 por el delito de producción mediata de documentos públicos de contenido falso. La causa se tramita en el Juzgado Penal de Garantías de San Lorenzo, y actualmente cuenta con un sobreseimiento provisional.
Vera explicó que en un principio el Ministerio Público solicitó el sobreseimiento definitivo. Sin embargo, el Juzgado interpuso un trámite de oposición y la Fiscalía Adjunta de Central terminó por pedir el provisional, según su relato.
El designado por el Poder Ejecutivo para intervenir la Gobernación prefirió no dar detalles de la causa; no obstante, afirmó que se trata de una denuncia radicada por particulares, por un hecho del año 2013, que no guarda relación con su labor en la función pública.
El abogado denunció que en el proceso penal se violentaron varios derechos procesales y que la causa ya prescribió. Recientemente, recurrió a la Corte Suprema de Justicia para invalidar la audiencia en donde se resolvió su sobreseimiento provisional. Se basó en que no fue notificado de la diligencia y por eso no pudo participar. En febrero pasado, la Sala Penal admitió el recurso para su estudio y la preopinante es la ministra María Carolina Llanes.
Vera fue desvinculado de su cargo en el Ministerio del Interior en julio del 2010, pero ganó una demanda por despido injustificado y fue reincorporado en noviembre del 2019. Según datos consignados en la Secretaría de la Función Pública, recibe un salario de G. 2.800.000.
Cuando estuvo fuera de la Función Pública se dedicó a ejercer el Derecho y en este periodo fue cuando lo denunciaron por falsificación de documentos y uso de documentos falsos.
NO FIRMA. Entre los años en que estuvo fuera de la Función Pública también recibió una sanción por parte del sistema bancario por haber emitido cheques sin fondo.
A causa de este hecho, Vera no puede firmar cheques u otros documentos, mientras ejerce su función como interventor, por lo que alguien de su equipo se encargará de las transferencias y pagos de la Gobernación.
En la actualidad, todavía no se levantó oficialmente la prohibición de operar cuentas corrientes que pesa sobre él. Se trata de una sanción administrativa impuesta por el Banco Visión, debido a que rebotaron sus cheques, reconoció el mismo Vera. “Fue por unos problemas económicos que tuve en ese entonces”, refirió.
El interventor agregó que la medida administrativa debía durar tres años, del 2014 al 2017, pero que a pesar de que ya venció el plazo en el sistema bancario, aún aparece la prohibición.
Detalló que para solucionar este inconveniente, un miembro de su equipo, Diego Sánchez, quien se desempeña como secretario general interino de la intervención, junto a una funcionaria de la Gobernación, se encargará de firmar en todos los trámites ante los bancos para las transferencias, pagos, cheques, entre otros.
Desde la Gobernación, informaron que este fin de mes hubo retrasos en el pago de los salarios a funcionarios, sobre lo que Pablo Vera aclaró que se debió a que los encargados del área de Administración demoraron en presentar la planilla del personal. Negó que haya sido por problemas con el reconocimiento de firmas con los bancos de plaza.
INTERVENCIÓN. La intervención de la Gobernación del Guairá, administrada por el cartista Juan Carlos Vera Báez (ANR), se inició el pasado viernes con el corte administrativo. La Gobernación fue foco de denuncias de un presunto despilfarro de unos USD 2 millones de los fondos de emergencia de Covid-19.
Diego Sánchez, integrante del equipo, indicó que la intervención tendrá una duración de tres meses y que mientras dure el proceso el gobernador estará apartado del cargo. Juan Carlos Vera señaló que se encuentra tranquilo y que todo está en orden.
