Solo 22 senadores votaron por la aprobación y, al no tener la mayoría requerida, quedó sin efecto el pedido de interpelación al titular de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), José Antonio Ortiz Báez.
Jorge Querey, uno de los senadores que impulsaron el pedido de interpelación, mencionó que hay una situación de irregularidades e insatisfacción en los informes recibidos con respecto a la legalidad y legitimidad en las actuaciones de la Conajzar.
Una de ellas, señaló, es la concesión de la explotación de la quiniela a la firma Technologies Development Of Paraguay SA. “La empresa que tuvo la concesión no tuvo el decoro de cumplir la ley con respecto a asignaciones que debiera dar a los excombatientes de la Guerra del Chaco, no ha dado aportes para enfermedades catastróficas, etcétera”, afirmó.
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Agregó que “esto es incluso más allá de cualquier interpretación, porque la empresa habría recurrido incluso a la Justicia y ya hay una resolución de la Corte Suprema de Justicia donde descarta esa situación; por lo tanto, la empresa ha incurrido en todo este tiempo (en el incumplimiento de la ley)”, denunció.
El otro aspecto cuestionado a Conajzar es la concesión de la explotación del hotel casino de la isla San Francisco, donde, según el legislador, también se tienen una serie de irregularidades. Querey dijo que la institución es responsable en los controles y fiscalizaciones que no se hicieron en forma.
Más tajante fue el senador colorado Juan Carlos Galaverna, quien acusó a Ortiz de ser un “corrupto” y que “todas sus actuaciones tienen tufo a fatos”, afirmó.
Al momento de la votación, 17 congresistas estuvieron ausentes y seis se opusieron a la interpelación.
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Una fuerte presión se había dado para que la Conajzar no adjudique la explotación de la quiniela a la firma vinculada al ex presidente Juan Carlos Wasmosy. Finalmente, la semana pasada, el presidente Mario Abdo decretó la concesión a la firma por cinco años más.
Los quinieleros denunciaron que la firma disminuyó de 25% a 20% el porcentaje de ganancia y que de realizarse tres sorteos diarios pasaron a ser seis, por lo que manifiestan se trata de una explotación laboral, además de que no se brindan garantías para los trabajadores que se exponen al virus del Covid-19.
Entretanto, el consorcio B Gaming SA–Gambling SA, otro de los oferentes de la licitación, solicitó rever la concesión debido a que la empresa adjudicada se encuentra en deuda con el Ministerio de Hacienda, siendo que el pliego de bases y condiciones determina que aquel que está en deuda con el Fisco no puede participar de la licitación.
