La Ley Electoral obliga a los intendentes que pretenden buscar un nuevo mandato a renunciar tres meses antes de las elecciones municipales. El plazo venció ayer sábado y las juntas municipales comenzaron a designar a los intendentes interinos que administrarán las comunas hasta octubre, dando inicio formal a la campaña electoral.
Más allá del trámite administrativo, varios de los intendentes que buscan el denominado rekutu llegan a la campaña con un pesado historial de denuncias, investigaciones fiscales, pedidos de intervención o fuertes cuestionamientos ciudadanos por la situación de sus municipios.
Para los partidos políticos, especialmente la ANR y el PLRA, la elección municipal constituye una disputa estratégica por el control territorial de cara a los próximos procesos electorales nacionales. En ese escenario, muchas agrupaciones volvieron a apostar por dirigentes que ya administran sus municipios, aun cuando sus gestiones hayan estado envueltas en controversias.
A la masiva salida de los ejecutivos comunales que ya dimitieron se añaden las pujas que generan, así como las movidas a nivel de las Juntas locales, puesto que los concejales se disputan el cargo dejado por cada intendente. De acuerdo con la ley, la Junta determina quién es designado como interino de entre los concejales.
Los más sonados. Uno de los casos más delicados es el del intendente de Ñemby, Tomás Olmedo, quien buscará un nuevo periodo pese a estar imputado por presunta lesión de confianza y estafa en una causa relacionada con el manejo de recursos municipales.
También figura Ysidro Rivas, intendente de Tomás Romero Pereira, investigado por un supuesto perjuicio patrimonial contra la Municipalidad, mientras que Amado Baldomero Díaz Verón, jefe comunal de Caazapá, buscará la reelección en medio de denuncias por el presunto uso irregular de fondos provenientes de royalties.
Otro nombre que genera fuertes críticas es el de Óscar Cabrera, intendente de Guarambaré, dirigente identificado con el denominado clan Núñez, cuya administración ha sido objeto de reiterados cuestionamientos políticos y ciudadanos por la gestión municipal.
Su figura también ha estado vinculada al esquema político liderado por el ex diputado Orlando Arévalo y el movimiento cartista en el departamento Central.
En Juan León Mallorquín, el intendente Elvio Coronel también renunció para buscar un nuevo mandato pese a que su administración fue blanco de un pedido de intervención presentado en 2024.
La solicitud se sustentó en un informe de la Contraloría General de la República que detectó un presunto daño patrimonial cercano a G. 1.900 millones, además de una serie de irregularidades administrativas observadas por el órgano de control.
No todos los intendentes que buscan la reelección enfrentan procesos judiciales.
Es el caso de Felipe Salomón, quien dejó la Intendencia de San Lorenzo para competir por un nuevo mandato. Aunque no registra causas penales, su gestión ha sido blanco permanente de críticas por el deterioro de la infraestructura vial de la ciudad, especialmente por el mal estado de calles y avenidas, situación que se convirtió en uno de los principales reclamos ciudadanos.
La salida de los intendentes marca el inicio de una campaña que tendrá a la gestión municipal como principal eje de debate. El TSJE hará oficial esta semana la lista completa.
