El inmueble que Jatar Fernández bautizó como “La guarida del general” tiene unos 300 metros con vista al río Paraná y corresponde a tres lotes, cuyos impuestos están al día y son abonados por Agrofinanciera Chaco, según el intendente de Ayolas, el colorado Carlos Duarte.
Anteriormente pertenecía a otra persona, pero la entidad financiera hizo los últimos pagos de impuestos en enero pasado.
Sin embargo, Serafín Alfredo Mysko Werenzuk, dueño de la Posada Mysko, que ocupa el lugar desde hace 25 años, denunció al legislador por invasión de inmueble en febrero de este 2024 y supuestamente recurrió a una medida cautelar de no innovar para evitar que Jatar siga construyendo.
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“Conozco yo que hay un conflicto en la zona por una ocupación ya de muchos años del señor Mysko, pero que no afecta a la ocupación del diputado Jatar, que es una propiedad que está al lado”, dijo en radio monumental 1080 AM el intendente sobre este caso, con una posición a favor del diputado ex Cruzada Nacional y actual cartista.
Para Duarte, el poblador denunciante puede recurrir al recurso de usucapión para obtener el título de propiedad a su nombre, luego de varios años de vivir en el inmueble, “de su lugar de ocupación, pero donde está instalado el diputado es al lado, no afecta al señor Mysko”, insistió.
Así también, mencionó que los planos de construcción fueron aprobados por la Comuna y aseguró que no recibió alguna notificación sobre la orden de no innovar.
“La aprobación de los planos es un trámite netamente administrativo municipal y que si existe una medida cautelar de no innovar, no afecta a una aprobación de planos”, agregó.
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La ocupación supuestamente irregular de este inmueble cobró relevancia luego de que un ex funcionario de la Cámara de Diputados denunciara a Jatar Fernández por explotación laboral.
Hugo Rolón relató que ingresó al Congreso como encargado de Despacho de la oficina del legislador, pero que luego fue obligado a realizar tareas particulares en la vivienda y la quinta de Fernández, cuyo nombre hace homenaje al dictador Alfredo Stroessner.
Recientemente, Rolón fue desvinculado y actualmente hace una huelga de hambre en reclamo de una supuesta deuda de G. 11 millones.
En el 2010, el BCP dispuso el cierre de Agrofinanciera Chaco por irregularidades en la gestión de créditos. Igualmente siguió participando de licitaciones para el alquiler y venta de inmuebles para oficinas de la Fiscalía y del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat por una adjudicación acumulada de casi 2.000 millones, según los datos de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.
