La denuncia entablada por seis integrantes de la Junta Municipal, cuatro del Frente Guasu y dos del Partido Colorado, consta de tres acusaciones concretas: lesión de confianza, uso indebido de los fondos públicos y malversación de fondos.
Según refirieron a Telefuturo, cuentan con pruebas que revelan la existencia de obras inconclusas cuando en documentos figuran como terminadas.
Tal es el caso de la terminal de ómnibus de la ciudad: en los papeles figura una inversión de G. 1.734 millones, pero la obra solo avanzó en un 34%.
Otro caso denunciado como sobrefacturación es el de la matadería municipal. Según las documentaciones, se requirió la suma de G. 55 millones para pintar el local.
Aparentemente, el intendente municipal también habría desviado altas sumas del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) que debían ser destinadas a la restauración de escuelas en mal estado.
Los ediles exigen que la gestión del actual intendente sea sometida a una auditoría y precisan la intervención del Departamento de Delitos Económicos.
