Respecto al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), por ejemplo, hay un caso de una docente Mirian Portillo que lleva 13 años de angustia, luego de ser despojada de más de G. 58 millones en descuentos vía MEC, todo por un simple crédito de G. 5 millones con una presunta usurera que le llevó a una trampa sin salida.
Ella es víctima de la mafia de los pagarés y esta causa desnuda la complicidad de varias empresas y la denuncia incluye a los mismos funcionarios del Ministerio de Educación.
Domiciliada en la ciudad de Iturbe, hizo el préstamo en el 2013. Primero, ella hacía pagos físicos por G. 4.500.000, que no lograban cancelar la deuda, debido a altos intereses, y se le propuso “reestructuración”.
Las autorizaciones le hicieron firmar en favor de la empresa del hijo de la usurera, Punto Mágico, y se le iba a descontar a través del MEC, por intermedio de la Aso de Educadores Alborada.
En 2014 fue obligada a firmar múltiples boletas y autorizaciones, bajo el pretexto de fraccionar pagos. “Me decía la señora: ‘¿Sabés por qué este es así mucho, profe?, porque no va a entrar así todo de una la cuota, sino que de a poquito para que no te fuerce”, recuerda Mirian Portillo.
Y empezaron los descuentos que nunca paraban, que duró desde el 2014 al 2020. El MEC descontó de su sueldo un total de G. 58.880.000.
La Comisión del Senado, al hacer la verificación de los documentos, se encontró con una sorpresa: la empresa Punto Mágico y la Asociación estaban integradas por las mismas personas: el presidente de la Aso es esposo de la dueña de la firma, quien a su vez es tesorera de la citada sociedad.
El MEC no verifica
En cuanto a la responsabilidad del Ministerio de Educación, esta institución realizó los descuentos sin tener a mano las autorizaciones firmadas por la docente.
Esto se corroboró luego de que la Comisión del Senado, a inicios de 2026, le haya requerido a la institución documentaciones y recién entonces el MEC le haya “intimado” los papeles a la Asociación de Educadores Alborada.
El mismo Ministerio de Educación y Ciencias reconoció que actúan solo “como prestador del servicio de descuentos”, “limitándose a intervenir en las operaciones presentadas por los usuarios, quienes son los responsables exclusivos de ellas”.
También confesaron que “no participa ni interviene en las transacciones y acuerdos que los funcionarios y/o docentes puedan celebrar con los usuarios (asociaciones, sindicatos, cooperativas)”.
Se enmarca en otra modalidad de mafia de pagarés, con descuentos vía Ministerio de Educación.
Diana Vargas, directora de la Comisión Especial de Investigación, contó que “esto se enmarca en otra modalidad de la mafia de los pagarés, donde no hay embargos, sino que se trata de descuentos convencionales que se hacen vía Ministerio de Educación”.
Ya durante la investigación detectaron “puntos llamativos”, como “la multiplicación de operaciones bajo la excusa de que se necesitan varias copias para distintos archivos”.
Y da a entender, la falta de voluntad del MEC para cesar los descuentos convencionales. El ministro Luis Ramírez no apareció por el Senado cuando fue convocado.
Otra víctima
El caso de Mirian Portillo no es el único.
Ninfa González, docente jubilada de la ciudad de Carayaó, denunció en el 2013 ante el Ministerio Público los descuentos abusivos que sufrió luego de haber firmado autorizaciones de descuento que, posteriormente, fueron multiplicadas.
Esta multiplicación la hizo la empresa MIMA Novedades, propiedad de Miguel Ángel Gómez, a través de la Aso de Funcionarios del MEC (Afemec). Otra denuncia se hizo en el 2021. Ninguna avanzó.
Acá tampoco el MEC corroboró las documentaciones y le llegó a descontar G. 148.180.000 por un crédito de G. 1 millón.
Burós crediticios formarían otra modalidad
Alberto, un funcionario jubilado, de un día para otro descubrió que debe G. 90 millones y aparecía como moroso en Informconf. La deuda no era real, pero se negaban a reconocerle, lo que le provocó un ACV.
El informe más reciente de la Comisión que investiga la mafia de los pagarés descubrió que los burós de créditos (Equifax Paraguay SA –Informconf– y Criterion SA) formarían parte del esquema delictivo.
Pero ¿cuál es el modus operandi? Primero está en que las empresas inscriben como morosos sin verificar, “basados en pagarés inexistentes, cancelados o irregulares”, según el informe.
Desde Equifax Paraguay SA (Informconf), el representante legal, Óscar Estigarribia, reconoció que ellos no son “peritos”, y que no tienen “facultades suficientes como para decir si esa firma es o no del deudor” o “si la deuda corresponde”.
Mismo parecer tuvo Andrés Fernández Solano López, de Criterión SA, alegando no ser “árbitros” para ver si un documento es legal o no.
La trampa del finiquito
La Comisión también reportó “la trampa del finiquito para borrar datos”. Exigen que el “moroso” presente el finiquito judicial del juicio “para eliminar registros de deudas”.
“En un contexto de no localización de expedientes e inexistencia de miles de pagarés, esta exigencia se vuelve difícil para las víctimas”, explicó Diana Vargas.
El BNF es el “protagonista” de la mafia de pagarés
El senador Rafael Filizzola, presidente de la Comisión de Investigación en el Senado, denunció recientemente que el Banco Nacional de Fomento (BNF), el “banco de los paraguayos”, es hoy el principal protagonista de la mafia de los pagarés, ya que usa y abusa de los sueldos.
Primero sacó a luz que continúa el convenio con la empresa Walton Capital SA, en perjuicio de las víctimas.
“Le dieron un préstamo a una persona con una seria discapacidad que, además, es sordomuda y analfabeta. No solo no rectifican esta miserable estafa, sino que, además, justifican que se pudieron comunicar con ella sin inconvenientes”, contó.
Y allí dijo que Walton Capital sigue disponiendo del sueldo, quedándose con parte de una comisión, en contradicción de cuanta ley existe.
Walton sigue operando con BNF
El 6 de noviembre del 2025, el Banco de Fomento (BNF) rescindió contrato de prestación de servicios con la empresa Walton Capital SA. Igualmente, el convenio funcionará hasta el mes de mayo.
La decisión de dar por terminado el vínculo fue porque, supuestamente, les es imposible hacer ciertos ajustes operativos y de control.
El cierre del contrato fue un alivio para las víctimas, ya que Walton no iba a poder intermediar en descuentos del banco; sin embargo, para sorpresa de estos, la empresa recién finiquita todo vínculo a los seis meses y seguirá operando hasta mayo.
Lo grave es que este acuerdo llamativo desnudó intereses. El presidente de Walton, José Emilio Latorre Aguade, trabaja a la par dentro del BNF, como uno de sus asesores.
