El pasado 13 de junio, los abogados Enrique Kronawetter y Carlos César Trapani presentaron un escrito ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, reiterando su pedido de ampliación de la Sala para que los nueve ministros analicen la acción de inconstitucionalidad presentada contra la designación de Alicia Pucheta como miembro del Consejo de la Magistratura, en agosto de 2023.
Esta nueva acción fue patrocinada por el abogado Jorge Rolón Luna.
“Comparto plenamente los argumentos expuestos por su entonces presidente, para justificar la decisión de que tanto el caso de la senadora Kattya González como el nuestro sean conocidos y resueltos por el pleno de la Corte”, señaló Trapani.
Sostuvo además que ambos casos “ponen en juego las reglas básicas del juego democrático”.
Se alegó que la solicitud se debe a un compromiso asumido públicamente por la propia Corte, el 21 de agosto de 2024, cuando se anunció que tanto la expulsión de la senadora Kattya González como la designación de Alicia Pucheta serían estudiadas por una Sala Constitucional ampliada, con la participación de los nueve ministros.
En este sentido, fue César Diesel, como presidente de la Corte, quien había comunicado públicamente que la decisión de ampliar la Sala se extendería también al caso Pucheta, por tratarse de un tema que comprometía las reglas fundamentales del orden constitucional.
En el caso de la senadora Kattya González, apartada de su cargo por el Congreso, la ampliación ya se concretó; sin embargo, en el caso de Alicia Pucheta aún no.
“Esa presentación no es más que un impulso colaborativo para recordar que aún está pendiente la ampliación de la Sala Constitucional. Que esperamos que se cumpla”, refirió Kronawetter.
“Si en nuestro caso, finalmente, la Corte decidiera que la Sala Constitucional no debe ser ampliada, se emitiría un mensaje negativo a la ciudadanía. Que algo extrajurídico pasó y por eso se cambió de postura”, advirtió Trapani.
“La Corte debe ser predecible y confiable. Además de los fundamentos jurídicos, las formas también importan”, consideró, al respecto.
En el escrito, presentado a la Corte, los abogados reiteraron que “ambos casos merecen la máxima atención y consideración por parte de la Corte Suprema de Justicia”.
Recordaron que, conforme al principio de imparcialidad judicial, “no solo debe hacerse justicia, sino también parecer que se hace”, según se lee en el documento.
El caso Pucheta. En cuanto al fondo del litigio, Kronawetter y Trapani cuestionan que el presidente de la República, Santiago Peña, haya designado de forma directa a Pucheta como representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, cuando la Constitución establece un marco restrictivo para ese tipo de nombramientos.
Los abogados alegan que esa facultad fue ejercida fuera de los límites constitucionales, lo que afecta la legitimidad del órgano encargado de la selección de jueces y fiscales.
“El caso guarda similitudes fundamentales con el de la senadora González”, insistió Trapani.
“En ambos, los poderes del Estado ejercieron sus atribuciones excediendo el marco legal, lo cual compromete el correcto funcionamiento del sistema institucional”, concluyó.
Trapani y Kronawetter, presentaron la acción de inconstitucionalidad contra el Decreto Nº 1352 del presidente Santiago Peña, quien designó a Alicia Pucheta como representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura, en reemplazo de Adrián Salas, firmado por Peña el 10 de julio de 2023. La acción fue ingresada el 3 de agosto de 2023.
Con este nuevo pedido sobre el tratamiento del caso los abogados buscan que se honre el principio de igualdad ante la ley, evitando un trato dispar entre dos causas que, ameritan igual consideración.
