El referente mencionó que el objetivo primordial de la mesa que, eventualmente, se instale para abordar esta problemática debe armonizar los objetivos que parecen contrapuestos, pero teniendo en cuenta que las empresas necesitan flexibilizar los contratos, ya que en algunos momentos experimentan ciclos de crecimiento y de recesión o caída, en los que se debe decidir en torno a eventuales despidos, para no quebrar.
No obstante, Acosta Garbarino también tiene en cuenta que desde la óptica de los trabajadores existen razones, mismo porque se trata de la parte más débil en la estructura y que requiere un nivel de protección.
Diálogo. “Por eso es importante dialogar, ya que hay voces que opinan que nuestro actual Código Laboral no es malo, excepto por el artículo 94. Dicho artículo establece que el empleado adquiere ‘estabilidad absoluta’ una vez cumplidos los diez años de servicio y solamente puede ser despedido por justa causa demostrada en un juicio”, enfatizó el analista económico.
Acosta Garbarino recordó también que dentro de la región, Paraguay se encuentra ubicado con desventajas en el ranking latinoamericano, en torno a flexibilidad laboral, entendida por la libertad que tiene el empleador para contratar, para fijar las remuneraciones y beneficios y para rescindir una relación con un empleado.
Es por ello que si la ley laboral impone restricciones o costos elevados para las empresas, el referente menciona que existe rigidez laboral, que trae consigo grandes distorsiones, con la consecuencia de ir a la quiebra o a la informalidad. Esto último –comentó– afectará indefectiblemente al empleado, que irá a un ámbito más precario, y también con derivación en el Fisco, ya que se dejarán de percibir los impuestos.
Una reflexión final de Acosta Garbarino se asienta sobre el anhelo de aumentar inversiones para las cuales es fundamental modificar o modernizar Código Laboral, adecuándose al trabajo actual, con implicancias de internet, el teletrabajo y la inteligencia artificial. Además, resalta, que para acordar una nueva normativa se deberá buscar un equilibrio entre los objetivos empresariales y la protección al empleado.
Entre tanto, el Gobierno sostiene que deberá convocar a todos los sectores a un gran debate social.
