Según explicó, la iniciativa busca establecer un sistema de control y transparencia en la emisión, circulación y ejecución de estos documentos, con el fin de frenar la proliferación de fraudes y abusos en su uso.
“Hemos visto casos, no solamente en Capital, sino en todo el territorio nacional, donde de repente se hacían notificaciones en un solo día; se ejecutaban dos o tres veces un mismo pagaré, incluso cuando ya había sido cancelado. En muchos casos, las víctimas ni siquiera tenían derecho a la defensa”, manifestó Rodríguez.
El proyecto establece el carácter obligatorio de este registro, que dependerá de la Corte Suprema de Justicia.
“Nadie va a poder ejecutar un pagaré ni iniciar un juicio ejecutivo sin que el documento esté inscripto en este registro nacional”, subrayó.
Además de prevenir fraudes, la medida apunta a combatir la usura, que afecta a trabajadores de varias áreas.
“Mucha gente cae en el tema de la usura y termina pagando montos exorbitantes. Un pagaré de G. 2 millones o G. 3 millones, puede convertirse en una deuda de G. 20 millones, sin posibilidad de defensa legal”, advirtió y dijo que el proyecto se debatirá en audiencias públicas.
