La causa por el vaciamiento de Ára SA de Finanzas permanece en un limbo jurídico desde noviembre del año pasado, debido a que una cadena de inhibiciones de camaristas impide que se integre un tribunal de Apelaciones.
El pasado 23 de noviembre, las fiscalas Nadine Portillo y Yolanda Portillo solicitaron una prórroga extraordinaria de seis meses para seguir investigando a varios imputados, entre ellos el presunto cerebro del desfalco, Carlos Hugo Sosa Palmerola.
El plazo original que el juzgado otorgó a las fiscalas venció el 15 de diciembre, sin que se resuelva su pedido de prórroga, que debe ser tratado por un tribunal de segunda instancia. Desde entonces, la Fiscalía ya no pudo realizar otros actos investigativos, señalaron desde la institución.
Las investigadoras del caso señalaron en su pedido de prórroga que aún se debe realizar la extracción de datos e información de varios soportes magnéticos incautados de la casa matriz de la financiera.
Según informaron fuentes judiciales, hasta ahora el único camarista que aceptó intervenir en la causa es Carmelo Castiglioni, del fuero Civil y Comercial.
Muchos de los magistrados que se apartaron de la causa lo hicieron por causales de inhibición con Sara Parquet, defensora de Sosa Palmerola, o bien con el abogado José Ignacio González Macchi, quien no interviene en el proceso, pero sí era accionista de la financiera.
Asimismo, están pendientes de resolución las apelaciones presentadas por la Fiscalía en contra de los fallos que liberaron a varios imputados.
VACIAMIENTO. La investigación del Ministerio Público señala que de Ára SA de Finanzas se vaciaron 14,3 millones de dólares a través de operaciones irregulares en las sucursales de Ciudad del Este, Salto del Guairá y Pedro Juan Caballero.
La pesquisa detectó que en Pedro Juan Caballero se retiraron USD 5.735.000 en supuestas operaciones de cambio, pero en la oficina de la ciudad solo encontraron recibos presuntamente falsos.
En Salto del Guairá, la Fiscalía sostiene que se realizaron operaciones de cambio con cheques sin fondo, mientras que en Ciudad del Este hubo una “extracción” de seis millones de dólares que se cubrió con pagarés por supuestas operaciones de cambio.
Si bien en los documentos Sosa Palmerola figuraba como “asesor de negocios” de la financiera, el Ministerio Público afirma que se trata del verdadero dueño. Varios empleados de la firma plasmaron esto en testimonios. En julio del año pasado, la Corte Suprema de Justicia dispuso la liberación de Carlos Sosa Palmerola.