La organización PRODesarrollo y la firma Mentu presentaron ayer el informe de Economía Subterránea, con nuevos datos de las actividades económicas legales e ilegales que no fueron declaradas oficialmente.
El reporte revela que el tamaño de la economía subterránea de Paraguay cerró el 2024 en el 35,1% del producto interno bruto (PIB), posicionándose entre las más altas de la región.
Si bien la tasa representa una leve disminución frente a años anteriores, aún es insuficiente frente al nivel de crecimiento de la economía, según afirmó durante la presentación del documento Hugo Royg, directivo de Mentu.
Durante el 2008, se ubicaba en 37,6% del PIB, lo que evidencia que en 16 años la reducción fue de apenas 2,5 puntos porcentuales, mientras que la formalización presentó escasos resultados.
El reporte también señala que el país “se encuentra atrapado en una estructura económica que arrastra altos niveles de economía subterránea desde hace décadas”, lo que no puede ser visto con “normalidad”.
“Somos una economía que está creciendo. Entonces, los valores absolutos se mantienen altos y los niveles en los cuales disminuye –si bien son esperanzadores– nos demuestran que es urgente seguir teniendo acciones, o de lo contrario se mantienen las brechas económicas, de bienestar o las brechas en los diferentes sectores de la economía legal e ilegal”, advirtió Royg en entrevista con ÚH.
Dijo también que, aunque los datos muestran que sí disminuyeron la pobreza, el desempleo y el autoempleo, y los niveles de recaudación aumentaron, dichos niveles siguen siendo “muy pequeños en torno al tamaño del sector informal”.
Recomendaciones. Ante este escenario, se insta a trabajar para que la formalización se convierta en una política de Estado y construir así un entorno donde formalizarse, que según el informe “no sea un castigo para los trabajadores y empresas, sino una oportunidad para crecer”.
”Hoy queremos hablar de cómo nosotros generamos incentivos para el uso de efectivo o incentivos para las pequeñas y medianas empresas. No podemos ponerles sanciones, es cuestión de ponerles incentivos. El sistema tributario y todo el marco normativo tienen que ser pensados para generar mayor competencia, mayor inclusión”, remarcó Royg al respecto.
En cuanto a las actividades económicas informales, PRODesarrollo sugiere desarrollar programas de inserción a la formalización para las mipymes; dar información de mercado, y fomentar que empresas grandes sumen más mipymes a su cadena, generando más y mejores empleos. Para las actividades económicas ilícitas, en tanto, recomienda impulsar un sistema de seguridad jurídica supranacional en el Mercosur para el combate al crimen organizado; lograr mayor generación de empleos para reducir la vulnerabilidad, y disponer una mayor carga fiscal en el uso de transacciones que no son trazables.
